En épocas de grandes reformas, o de transformaciones estructurales ambiciosas en muchos frentes, es común que algunos cambios importantes no tengan la atención que merecen, o se pierdan en el vértigo de la efervescencia política. Uno de estos tópicos es el del nuevo modelo de justicia laboral, que desde hace un año opera en nuestro país en 10 entidades federativas, y el 3 de noviembre entrará en vigor en un segundo grupo de estados, hasta cubrir la totalidad del país antes de 2023.
Hay que decir que México está atravesando por un cambio fundamental en las reglas de política laboral que va más allá de la reforma mencionada, pues el sexenio comenzó retando (y venciendo) el prejuicio de que no se podía aumentar sustancialmente el salario mínimo general sin alterar los indicadores macroeconómicos, comenzando por la inflación. Hoy es difícil creer que durante más de 30 años se consideró la precariedad salarial como un elemento “positivo” que era necesario para lograr la estabilidad económica. También son importantes los objetivos con la prohibición de la subcontratación como mecanismo para hacerle fraude a la ley laboral, de manera que se tengan trabajadores que para efectos de subordinación y exclusividad son empleados en toda regla, pero para efectos jurídicos no tienen ninguna prestación, ni crean antigüedad, ni nada. Esto está en el origen, además, del déficit millonario de los sistemas de pensiones en México y en el mundo. Cada uno de estos puntos requiere su propio desarrollo.
Hoy reitero la importancia del primero, el del nuevo modelo de justicia laboral que tiene dentro de sus apartados la creación de centros de conciliación autónomos, con un perfil de profesionalización para el personal que auxiliará en la resolución de conflictos antes de que sean judicializados, lo que implicará un ahorro importante en tiempo y en dinero para los empleadores y los trabajadores, con el efecto adicional de mitigar el rezago que existe al día de hoy en prácticamente todas las juntas de conciliación del país que dependen de los poderes ejecutivos estatales. La agilidad en la resolución de controversias también tiene un impacto directo en el aumento de la competitividad del país, pues aumenta la confianza de los inversionistas al reducir su proyección de costos eventuales.
