El voto de los mexicanos desde el extranjero es un derecho político fundamental de quienes, por distintas razones, viven más allá de las fronteras. La diáspora mexicana -principalmente en Estados Unidos- es históricamente una de las más grandes en la región latinoamericana. Se calcula que 1 de cada 10 mexicanos nacidos dentro del territorio nacional, ha emigrado.
En el vecino país de norte residen 57 millones de latinos, de los cuales más del 63% es de origen mexicano. Los más de 37 millones de personas que viven al otro lado del Río Bravo se han organizado -de una migración mayoritariamente rural se ha ido transformando en una migración urbana y bilingüe- para ejercer un peso creciente, particularmente de las segundas y terceras generaciones, en las decisiones políticas de aquí y de allá. Su contribución a las finanzas del país ha sido decisiva en los últimos tiempos. Son alrededor de 40 mil millones de dólares que envían cada año a sus familias, que por ende se traduce en recursos para las arcas públicas a través de impuestos y en desarrollo para sus comunidades. Lo más importante: ellas y ellos siguen siendo mexicanos y su derecho a pronunciarse sobre el futuro nacional es legítimo e imperioso.
Al día de hoy son 16 los países latinoamericanos que cuentan con voto extraterritorial. México lo reconoció en 1997 pero es hasta 2005 que se reglamenta. Un año después, en las elecciones de 2006, se realiza el primer ejercicio de votación foránea, secundando por los procesos electorales de 2012 y 2018, éste último con 98 mil votos válidos emitidos desde el extranjero, la mayor cantidad de sufragio desde que se tiene el derecho y la buena noticia de que pueden tramitar su credencial para votar en los consulados (una demanda añeja).
