La semana pasada fue aprobada en el Senado de la República una serie de reformas que obligan al sector público y privado a hacer obligatoria la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Esta evolución normativa es importante porque es de todos sabido que muchas empresas pagan menos dinero a una mujer que a u hombre, no solo por realizar el mismo trabajo, sino por estar en el mismo puesto. En el sector público esta perversión es más difícil, porque los puestos están tabulados de forma estricta y las remuneraciones de todos son públicas; en el sector privado, empero, es común que se permita el crecimiento horizontal y por ende haya un rango mínimo y máximo para el mismo cargo. Desgraciadamente, los criterios para asignar uno y otro suelen ser identitarios y no por méritos profesionales.
El problema de la brecha salarial sigue muy presente y no es menor
Según el Banco Mundial, desde antes de la pandemia, había una brecha de 32 puntos porcentuales en México en la participación de hombres y mujeres en el mercado laboral mexicano. Mientras los primeros tuvieron una participación de 77%, nosotras solo quedamos en 45%.
Este número es preocupante incluso a nivel regional, pues México es el segundo país con la brecha de desigualdad en participación más elevada, sólo por encima de Guatemala, dentro de los países de América Latina y el Caribe. Huelga decir que esto es preocupante, siendo México la segunda economía más grande de la región, y una de las 15 más grandes del mundo. Documentos de trabajo de organismos internacionales (incluyendo al Banco Mundial, pero también a la Organización Internacional del Trabajo), muestran que la desigualdad laboral es un freno al desarrollo de los países en su totalidad. En el caso de México, permiten proyectar que, de ser plenamente equitativa la participación, nuestro PIB crecería por encima de los dos dígitos y hasta el 25% anual. A nivel individual, además, el ingreso per capita se dispararía más del 20%.
