Opinión

El abuso político de la popularidad militar

domingo, 20 de septiembre de 2020 · 23:10

Twitter: @AleJuarezA

Esta es la tercera y última entrega sobre la popularidad militar. En la primera, La popularidad militar, expuse cómo al final de la Revolución Mexicana no existían unas fuerzas armadas como las conocemos ahora, sino una serie de milicias que respondían a los intereses particulares de los caudillos que las comandaban. Gracias a la destreza política de varios militares como Plutarco Elías Calles, Joaquín Amaro, Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho, y a acciones específicas como la reorganización de la educación militar, las Fuerzas Armadas se alinearon a la institucionalidad que ahora conocemos y a la subordinación a presidentes civiles que ha llegado hasta nuestros días. La institucionalidad, subordinación y respeto militar al poder civil fue decisiva para que México no sufriera golpes de estado como otros países de Latinoamérica, lo cual contribuía a la estabilidad política y el fomento de una buena imagen militar, que sin embargo no estuvo exenta de episodios vergonzosos como el del 2 de octubre de 1968 o la Guerra Sucia. Es singular que justo al inicio de los setentas es cuando empieza a utilizarse, desde el poder presidencial, la equivocada frase «Ejército de paz» para referirse a las Fuerzas Armadas.

En la segunda parte, Popularidad militar y política, describo cómo las crisis económicas iniciadas en los setentas fueron devastadoras para el país. Los gobiernos priistas de los ochentas tuvieron que recurrir al exterior para conseguir ayuda, y para lograrlo, entre otras cosas, hicieron cambios en políticas de seguridad. Fue así como el combate al narcotráfico empezó a ocupar un papel relevante en la agenda nacional acorde al interés estadounidense. Mientras esto ocurría, sucedió el sismo de 1985, que impulsó drásticamente el mejoramiento de los planes militares de apoyo a la población civil en casos de desastre, lo cual también repercutió en el mejoramiento de su imagen.

Al finalizar el sexenio de Ernesto Zedillo le entrega el poder a Vicente Fox, primer presidente de un partido diferente al PRI. Hubo expectación sobre la reacción militar, pero la subordinación y respeto militar al poder civil estaban muy bien trabajadas y nuestros soldados, pilotos y marinos se comportaron de forma institucional. Esto fue importante porque, al no encontrar cooperación por parte de los gobiernos estatales de otros partidos en temas de seguridad, Fox empezó a recurrir a las instituciones militares. Junto a esto, él estableció en su Plan Nacional de Desarrollo que la opinión de la población civil respecto a las Fuerzas Armadas sería un factor en la medición de sus resultados, por lo que estas invirtieron en el mejoramiento de su imagen. Así llego a esta tercera parte, que tratará sobre las administraciones de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

Durante la administración de Felipe Calderón, quien llegó al poder en medio de serios cuestionamientos de legitimidad (personalmente no los comparto), él decidió emplear masivamente a nuestras Fuerzas Armadas para combatir al crimen organizado. Declaró que había un serio problema de violencia en el país y que, en su calidad de Comandante Supremo, enviaría a las tropas a enfrentar el problema. Esta decisión la tomó apenas diez días después de iniciado su mandato y fue un grave error. Se ha sugerido que esto respondió, precisamente, a que él llegaba debilitado en su legitimidad. Yo comparto este punto de vista. En los primeros meses del 2007, después de iniciada la ofensiva militar, la aprobación de Calderón subió. Esto se explica porque se transfirió la alta aprobación de las Fuerzas Armadas hacia él mismo, mecanismo que políticamente le sirvió durante todo su sexenio, pero que no le ayudó a México ni a sus Fuerzas Armadas.

Los problemas de seguridad no se resolvieron, y por el contrario, se agravaron. El generalizado desgaste institucional del Estado mexicano alcanzó de forma abierta a las Fuerzas Armadas que, por una decisión política, se enfrentaron de la noche a la mañana a un problema que no les competía y para el cual no estaban preparadas. Ante los cuestionamientos de la prensa y de organizaciones civiles, las instituciones militares decidieron invertir en difusión y en el fortalecimiento de sus oficinas de comunicación social para atender las demandas de información y conservar la alta aprobación entre la población civil.

El sexenio de Calderón terminó con más retrocesos que avances en temas de seguridad, y así inició su gestión Enrique Peña Nieto, quien continuó con la fórmula militar. La administración peñista decidió bajarle el volumen al tema de la inseguridad y la violencia sobre el supuesto de que si se hablaba menos, mejoraría la percepción de que se avanzaba positivamente. Esta estrategia funcionó inicialmente, pero terminó imponiéndose la falta de resultados positivos. Sin embargo, y a pesar de lo anterior, la buena imagen militar se mantuvo. Estudios de opinión e indicadores como la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) colocan a las Fuerzas Armadas como las instituciones en las que más confía la población mexicana, y esto es algo que políticamente se ha aprovechado.

Se explica por diferentes causas, como son el efectivo apoyo militar a la población civil en casos de desastre, la institucionalidad democrática que se traduce en subordinación y respeto al poder civil, el ininterrumpido respaldo desde hace décadas en los discursos políticos y que se ve en frases como «Ejército de paz», y en el que además, no pocas veces se ha debilitado la imagen policial con señalamientos de ineficiencia y corrupción. La suma de todos estos factores hace de las Fuerzas Armadas un activo político importante para el gobierno federal que, sin importar su color, ha decidido aprovecharlo con la siguiente lógica:

1. A los presidentes les importa mucho su nivel de aprobación.

2. Invertir en policías y procuración de justicia (ruta correcta) es caro y tardado.

3. Las Fuerzas Armadas, que ya existen, tienen alta popularidad.

4. Para utilizar a las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública, sólo hay que dar la orden (aunque esto constituya un abuso de la subordinación y respeto militar y una ruta equivocada, ya que su diseño no corresponde al tema que atenderán).

Esto no ha cambiado desde el año 2006. Como era de esperarse, la seguridad se siguió desgastando durante el peñismo y así inicio la administración de López Obrador, quien repitió la fórmula, pero llevándola más allá y extendiendo su abuso de la subordinación militar a otros campos donde sabe que habría cuestionamientos civiles a sus objetivos políticos. Él ha decidido saltarse las observaciones y encargarle varias carteras a quienes sabe que no lo van a cuestionar: las Fuerzas Armadas.

Después de 14 años de una fallida estrategia en seguridad pública, el desgaste institucional es evidente en todos los niveles, y las Fuerzas Armadas no son ajenas a esto. La indebida adjudicación de tareas que no les corresponden puede resultar muy contraproducente, no sólo a nivel administrativo, sino también en aprobación. No podemos descartar que en las próximas evaluaciones disminuya la confianza hacia nuestras instituciones militares. Esto, por supuesto, no es bueno para nadie.

Se ha seguido una ruta equivocada que debe de cambiar si queremos recuperar espacios perdidos. La solución empieza respetando las atribuciones militares y no abusar de su respaldo popular para asignarles tareas que no les corresponden, invirtiendo decididamente en la formación de policías civiles profesionales y procuración de justicia. Los resultados, lamentablemente, no serán rápidos, pero es el camino indicado.

#SolucionesDeRaíz

#DiálogoCivilMilitar

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