Opinión

Las bases sociales de la delincuencia organizada

jueves, 21 de mayo de 2020 · 13:14

Twitter: @GNava1980

La crisis económica y de salud provocada por la pandemia de COVID 19 dejó al descubierto una problemática relacionada con la delincuencia organizada que tiene larga historia, se trata de la construcción de bases sociales.

En fechas recientes vimos en redes sociales fotografías y videos de entrega a la población de despensas etiquetadas con los nombres de los cárteles y sus comandantes, muy similar a lo que hacen los candidatos de partidos políticos en tiempos electorales. En realidad, estas actividades de la delincuencia organizada no son nuevas. En los años 90 Osiel Cárdenas Guillén entregaba juguetes el 6 de enero. Los hermanos Arellano Félix hacían donaciones a la Iglesia. Mas recientemente, en el siglo XXI, la Familia Michoacana prohibía la venta de metanfetamina en las regiones geográficas que controlaba y ejecutaba a secuestradores, extorsionadores o personas dedicadas a los delitos patrimoniales.

Estas actividades hoy son más frecuentes y por lo tanto preocupantes porque, de la entrega de juguetes y despensas, la delincuencia organizada ha pasado a ocupar espacios que son obligación del Estado; por ejemplo, la seguridad ciudadana y la justicia.

 

Entre 2010 y 2013 con el organismo de inteligencia para la Seguridad de una entidad federativa, del cual yo era directora de análisis, identificamos el proceso de esta problemática. La entidad federativa en cuestión es de amplia extensión territorial con una mayoría de la población concentrada en torno a la capital del estado y la otra dispersa en municipios más bien rurales con difícil acceso. Los gobiernos municipales, que es el orden de gobierno más cercano a la población y el primero en atender sus necesidades, tenían múltiples carencias de recursos humanos, materiales y sobre todo financieros. Esto significaba que en muchos lugares la presencia del Estado era escasa o nula. En este contexto, los delitos de secuestro, secuestro virtual, extorsión telefónica y “cobro de piso” incrementaron importantemente. Al mismo tiempo grupos de delincuencia organizada antagónicos se disputaban la “plaza”. Los niveles de violencia y delincuencia sobrepasaban los índices de años y gobiernos anteriores.

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Durante la disputa, el grupo delictivo que intentaba controlar la entidad implemento una estrategia que fue sencilla pero efectiva: comenzaron a satisfacer la necesidad de seguridad de la población. A través de la privación de la libertad y luego homicidio de personas que eran identificadas como secuestradoras o extorsionadoras poco a poco se fueron ganando la confianza de la población; de modo que las personas buscaban la ayuda del grupo de delictivo para localizar a familiares desaparecidos, para denunciar a personas que se dedicaban a robar, o para denunciar a personas que ingerían alcohol y consumían drogas en la calle y molestaba a sus hijas. Denunciaban las necesidades que el gobierno municipal o estatal no había logrado satisfacer y el grupo de delincuencia organizada lo solucionaba de forma efectiva.

También logramos identificar que los miembros del grupo eran apoyados en sus problemas personales y familiares. Si se enfermaban o alguien de su familia necesitaba atención médica, podían solicitar prestamos para atenderse en hospitales privados o comprar medicamentos. Si debido a enfrentamientos con autoridades o con otros grupos delictivos algún miembro moría, el “jefe de plaza” pagaba una indemnización a la familia, que era entregada por el “comandante” incluso acompañaba a los familiares en su pérdida.

El “jefe de plaza” era apreciado entre la sociedad porque generaba empleos, pero también porque daba una especie estatus social a su círculo social.

Hoy el proceso continúa y la crisis provocada por la pandemia de COVID 19 ha disminuido aún más la presencia del Estado en todo el territorio mexicano porque los recursos humanos, materiales y financieros están enfocados en gestionar y resolver la crisis. Los grupos de delincuencia organizada tienen más espacios para ser ocupados y tienen más oportunidades de fortalecer sus vínculos con la sociedad.

Aunque conocemos el proceso de penetración de los grupos delictivos, en realidad no sabemos a ciencia cierta por qué la población acepta los apoyos de la delincuencia organizada. Inicialmente se debía a la urgencia de satisfacer necesidades económicas y de seguridad, pero hoy también puede deberse al miedo a los altos niveles de violencia de los delincuentes y a la crisis económica derivada de la contingencia.

Los vínculos entre la sociedad y la delincuencia se traducen en protección por parte de la población a los grupos delictivos, que muchas veces resulta más efectiva que la de las autoridades que han sido corrompidas. Aceptación de las conductas delictivas siempre que no sean en contra de la misma comunidad. Los grupos delictivos ofrecen “seguridad y justicia” garantizada por los “levantones” y ejecuciones de ladrones, secuestradores, violadores, extorsionadores, además de empleo e ingresos económicos y apoyos sociales.

En principio, parece una relación de mutuo beneficio, sin embargo, los grupos delictivos NO son el Estado, funcionan fuera de la ley y del pacto social, sin límites, controles o reglas. El riesgo de que esta relación se rompa en cualquier momento es altísimo. Cuando esto ocurre, los grupos delictivos se vuelven contra la sociedad que antes protegían y los niveles de violencia y delincuencia incrementan gravemente. La principal víctima es la población que aceptó a los grupos delictivos. Además promueven la violencia e ilegalidad en otras comunidades vecinas.

Los tres órdenes de gobierno enfrentan enormes retos respecto a la Delincuencia Organizada que la pandemia de COVID 19 hace más complejos. Sin la garantía de seguridad ciudadana y sin desarrollo social y económico la penetración de los grupos delictivos continúa, ocupando espacios que probablemente en el futuro el Estado no pueda recuperar.

Detener el avance de la delincuencia organizada no es una tarea fácil. Conocemos una parte del proceso de penetración, pero quedan preguntas importantes por resolver:

  • ¿Cuáles son los factores y causas psicosociales que provocan que la población acepte los apoyos sociales de la delincuencia organizada?
  • ¿Cuáles son los factores y causas psicosociales que inciden en la aceptación de las conductas delictivas?
  • ¿Cuáles son los factores políticos y económicos que impiden que el es Estado tenga presencia efectiva en todo el territorio nacional?

El conocimiento científico, particularmente el criminológico, puede ser la respuesta a estas y muchas más interrogantes. Ofrece un panorama más amplio para el diseño de políticas multidimensionales que atiendan la creciente complejidad de la problemática. No debemos limitarnos únicamente a la recurrente intervención policial o militar.

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