Traficantes de drogas y sistema político

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Una de las narrativas dominantes que residen en el periodismo y en la doxa pública, oscila en una imaginería respecto a un supuesto pacto o pax mafiosa, mediante acuerdos de colaboración con ciertos traficantes de drogas o grupos del crimen organizado. En donde agentes del Estado propician o fomentan que en el sistema político se avale o incluso sea asocie con traficantes de drogas, por ejemplo para el financiamiento a campañas políticas, sobornos a altos funcionarios para combatir a grupos contrarios, o simplemente para cooptarlos o dejar pasar actividades criminales.

En días recientes, desprendido del ya mítico juicio contra Joaquín Guzmán en Nueva York y la detención y audiencias preliminares del ex secretario de seguridad pública y jefe de la extinta Agencia Federal de Investigaciones AFI. Se han confirmado varias aseveraciones hechas por políticos, periodistas e investigadores, sobre los nexos del primer círculo de García Luna y al mismo ex funcionario con grupos del crimen organizado.

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En este orden de ideas, los procesos judiciales en Estados Unidos en contra de personajes notables de la política o crimen organizado tienen larga trayectoria en la cobertura mediática y en la agenda política, desde la famosa época de Al Capone, pasando por el escándalo Irán contras con Oliver North y el escándalo Camarena. Estos casos notables, ponen en contexto el uso propagandístico de estos juicios o procesos pero también muestra que, los traficantes de drogas y su vínculo con el sistema político siempre han sido un foco recurrente de la prensa y producciones de los medios de comunicación masiva como novelas o películas.

Del rumor al hecho

Concretamente, según documentos de agencias norteamericanas incluidos en los testimonios desprendidos del juicio en contra de el Chapo Guzmán, el Rey Zambada un miembro de esa organización testificó que, se habían entregado maletines con millones de dólares a García Luna para proteger las operaciones de organizaciones criminales, así mismo existen evidencias contundentes de su enriquecimiento ilícito, montajes mediáticos y un clima de corrupción y violencia exacerbada durante la funesta guerra contra el crimen organizado o guerra contra el narco, que a la luz de los años evidenció, que fue un pretexto para desplegar una guerra de propaganda, limpieza de grupos rivales del cartel de Sinaloa y un esquema de control social y político.

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Sería importante mencionar, a manera de conclusión, la falta de corresponsabilidad y de ética por parte del gobierno de Estados Unidos que infiltro, manejó y solapó estrategias dudosas como las entregas controladas de armas o drogas o la alianza y cooptación en esquemas de testigos o informantes criminales.

En este orden de ideas, si bien México tiene cuentas pendientes respecto a la rendición de cuentas, transparencia, acceso a la justicia y reparación del daño, en términos bilaterales habría también que mencionar que esta misma semana el canciller Marcelo Ebrard envió una nota diplomática respecto al denominado operativo Rápido y furioso en el año 2009 donde comienza una nueva era de exigencia de responsabilidad compartida, al ser México un país frontera y trampolín hacia el mayor mercado de drogas ilícitas del mundo.

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