El descontento social

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La realidad, siempre la terca realidad acaba imponiéndose. Y así está ocurriendo con la fallida estrategia de seguridad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya vimos que “los abrazos y no balazos” no funcionaron, y el gobierno de la 4T tiene que recurrir al viejo expediente de solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

El lunes 11 de mayo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto presidencial que ordena a las Fuerzas Armadas participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada y complementaria con la Guardia Nacional (GN), en tareas de seguridad pública durante los próximos cinco años.

Dicho de otra manera, el gobierno de “izquierda” reconoce que hasta ahora ha sido rebasado por la delincuencia organizada y tendrá que echar mano del Ejército y la Marina para atacar este mal que aqueja a millones de mexicanos.

La tan criticada “militarización” del país es ya una realidad, ahora oficializada por el gobierno de López Obrador. Sin embargo, llama la atención el momento para hacer esto. Más allá del preocupante incremento de los índices delictivos en estos meses de pandemia, este decreto nos mueve a la suspicacia.

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Por qué decimos esto. Porque las autoridades civiles y militares están previendo algunas oleadas de descontento social ahora que termine el confinamiento colectivo. La gente saldrá de nuevo a la calle a enfrentar un entorno personal y profesional distinto. Muchos han perdido familiares y amigos por el Covid-19, pero muchos más han perdido sus empleos o, de plano, su empresa o negocio.

Los episodios de desesperación no faltarán y las muestras de descontento se harán evidentes en las calles y plazas de todo el país. México es como una olla exprés a punto de estallar y esto lo saben los militares a través de sus servicios de inteligencia.

Y si a eso le sumamos el incremento de los actos delictivos que se prevé en todo el país, es evidente que el gobierno está haciendo oficial la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública para poder hacer frente al descontento social que se viene.

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Con el decreto del lunes 11 y que entró en vigor el 12 de mayo pasado, que estará vigente hasta marzo de 2024, el gobierno de la 4T tiene todas las herramientas a su alcance para reprimir, detener e investigar a quien se le dé la gana.

Esta es la parte que preocupa de esta controvertida determinación. Habrá que estar muy vigilantes de la actuación de las Fuerzas Armadas y del respeto que, en todo momento, deben tener de los derechos fundamentales de todos nosotros.

Los vocero del gobierno argumentan que dicho ordenamiento se sustenta en una reforma constitucional aprobada el año pasado con motivo de la creación de la Guardia Nacional, la cual habilitaba al presidente a echar mano durante los próximos cinco años de las fuerzas miliares convencionales para funciones policiales.

En el papel se trata, según dicha reforma, de un apoyo solo para situaciones “extraordinarias” y subordinada a un mando civil, mientras se terminaba de conformar y desplegar a la referida Guardia Nacional.

Sin embargo, especialistas y organizaciones civiles han advertido que el acuerdo presidencial no respeta dichas condiciones y por el contrario abre la puerta a una intervención amplia de los militares en la seguridad, sin fijar plazos claros, sin subordinación civil y sin controles externos.

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