La política mexicana y ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales ha ganado un juicio ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para evitar el pago de 19 millones 323 mil pesos por Impuestos Sobre la Renta (ISR).
La maestra de profesión evitó el pago correspondiente a los ejercicios fiscales 2008 y 2009 luego de que el pasado 22 de enero del presente el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) anuló la resolución del SAT sobre el crédito fiscal luego de que argumentaran no se le ofreció a la sindicalista garantías para su defensa.
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La disputa legal comenzó en 2013 luego de que el SAT acusara a Elba Esther Gordillo de no declarar ingresos por siete millones 883 mil 606 pesos con 65 centavos razón que la hizo acreedora a recargos y multas desde entonces hasta llegar a acumular 19 millones 323 mil pesos.
La situación fue expuesta luego de que se dieran a conocer los depósitos y pagos que la ex líder de la SNTE realizaba en tiendas de alto perfil así como establecimientos de alta categoría como hoteles cinco estrellas a través de depósitos y pagos de tarjetas de crédito que estaba a su nombre.
A partir de entonces, el SAT pidió una respuesta por los impuestos generados tras los gastos de Morales a quien entonces le embargaron cinco inmuebles hasta que ésta última demandó al Sistema de Administración Tributaria el 19 de abril del 2017 en la Séptima Sala Regional Metropolitana de la CDMX.
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Cuando el caso llegó al Tribunal, la defensa informó que los gastos realizados por la maestra habían sido reembolsos del sindicato como parte de una partida especial que se destina a relaciones públicas como presidenta en los que se incluía el cuidado de su imagen.
Los gastos en tiendas de ropa por ejemplo fueron el argumento que usaron los abogados para decir que Elba Esther Gordillo tenía que cuidar su imagen pública y por ende vestir bien.
La defensa de la política logró demostrar que las acciones realizadas por el SAT eran ilegales y se determinó violaron la garantía de audiencia y el derecho a la justicia por lo que se pidió a la institución tributaria subsanar los vicios cometidos.
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