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La semana pasada revisamos someramente los pormenores del que era, en ese entonces, el proyecto de Ley de Amnistía, desvelando sus debilidades y defectos técnicos, así como haciendo hincapié en las violaciones a los derechos de las víctimas que su aprobación acarrearía. El lunes 20 de abril, el Senado de la República, en una sesión en la que se demostró el músculo de MORENA, aprobó la minuta sin permitir siquiera discutir sus aspectos más relevantes. MORENA tenía la instrucción del presidente de la República de aprobar la ley y así lo hicieron, sin chistar, sin reflexionar, sin analizar y sin cuestionar. Legislación por encargo.

Poco tardó el titular del Poder Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, para publicar la Ley de Amnistía, pues solo dos días después apareció en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación y entró en vigor justamente el día en que se escribe esta columna, el 23 de abril.

A partir de hoy, el presidente de la República tiene 60 días hábiles para instalar la Comisión que revisará y dictaminará la procedencia de las solicitudes que se formulen por las personas que puedan ser beneficiadas con la amnistía otorgada por el Congreso de la Unión. Una vez que se instale la Comisión y, habiendo recibido las solicitudes de los interesados, ese órgano tendrá hasta cuatro meses para resolver si un caso específico se adecua a los supuestos establecidos en la Ley de Amnistía, es decir, lo más seguro es que el grueso de las liberaciones se dará hasta dentro de dos o tres meses, en el mejor de los casos. Si bien se argumentó que la ley era necesaria para liberar personas y evitar contagios en las cárceles durante la pandemia, en realidad, ese solo fue el cuento que la 4T le contó a sus fieles.

Pero lo que sí es una realidad es que las víctimas verán mermados sus derechos de manera importante. La semana pasada argumentamos que su acceso a la reparación integral del daño se complicaría con la ley; hoy revisamos la flagrante violación a su derecho a la verdad y al acceso a la justicia.

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Derecho a la verdad y a la justicia vs amnistía

La Ley de Amnistía beneficia a personas que cometieron un delito federal, ya sea que estén sentenciados, en proceso penal o prófugos de la justicia. En los dos últimos casos, el impacto directo a las víctimas vendrá, además de la imposibilidad de solicitar la reparación del daño, a través de negarles el derecho a la verdad. Este derecho consiste en que las víctimas de delitos o de violaciones a derechos humanos conozcan, a través de los mecanismos legales y en la medida de lo posible, qué sucedió; quién fue el responsable del hecho victimizante que sufrieron; las causas que lo originaron y que se esclarezcan las circunstancias que generaron la privación de sus derechos.

El acceso a la verdad se puede lograr a través de varias formas, pero una de las más relevantes y de las más accesibles para las víctimas es la sentencia penal, que fija la verdad jurídica del caso, previo análisis de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público y la víctima durante el juicio. Como es evidente, al aplicar la Ley de Amnistía a los casos que aún están en proceso penal, nunca se dictará la sentencia que garantice esta dimensión del derecho a la verdad, por lo que las víctimas nunca podrán acceder a la verdad jurídica del hecho que les privó de uno o varios derechos.

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Ligado inherentemente al derecho a la verdad, las víctimas también verán vulnerado su derecho de acceso a la justicia, el cual garantiza que toda persona que hubiere sufrido un delito debe tener acceso a una investigación exhaustiva, que se realice con la debida diligencia y a que los autores del delito sean enjuiciados y, en su caso, sancionados. Es claro que en los casos que se advierten no se satisfará este derecho.

El camino de las víctimas ha sido siempre tortuoso; han tenido que sufrir incontables vejaciones debido a la falta de seguridad en el país y han ganado sus derechos a base de sangre, pérdidas y muchas lágrimas. A pesar de que llevan mucho tiempo levantando la voz para conseguir justicia, reparación, verdad y no repetición, el Gobierno Federal continúa ignorándolas, revictimizándolas y violando sistemáticamente sus derechos. Presidente López Obrador, un gobierno humanista, como el que usted dice encabezar, garantizaría los derechos de los más vulnerables; en su caso, las tiene enfrente, se llaman víctimas de la delincuencia y de violaciones a derechos humanos.

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