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En nuestro México nos hemos acostumbrado a la violencia; hemos normalizado los acontecimientos en los que las personas pierden la vida, son secuestradas, desaparecen sin dejar rastro, son violadas, ultrajadas, robadas. Desde hace muchos años nos hemos sumergido en una espiral de crimen que alcanza a todos por igual. Niñas, niños, adultos, adultos mayores, jóvenes, adolescentes, bebés, todos somos blanco de la delincuencia y de la violencia en un país que se desangra diariamente y en el que a ninguna autoridad parece importarle un comino.

En el norte como en el sur, en el centro y en el occidente, la violencia se repite sin cesar; no hay salvaguarda frente a un fenómeno que solo el año pasado arrebató la vida de 35,588 personas tanto en las ciudades como en el medio rural. Normalizar la violencia nos ha llevado a la barbarie y nos ha hundido en la más profunda y oscura de las noches, cegando la vida de cientos de miles de personas que no deberían habernos dejado y por quienes debemos pedir justicia.

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El 27 de febrero de 2015, esta violencia y crimen cobró la vida de una pequeñita que aún no comprendía el porqué de nuestra agresión constante contra nuestros semejantes. Kimberly Isabella Albores Ramírez tenía un año y siete meses de edad y llevaba prácticamente un mes acudiendo a la guardería “Pasitos de Colores”, subrogada de la Secretaría de Desarrollo Social, ubicada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ese trágico día, Kimberly fue asesinada y desde entonces, el clamor de “Justicia para Kimberly” ha permanecido ardiendo en los corazones de sus padres, su familia y seres que la amaban.

De las indagatorias se desprendió que Kimberly fue asesinada: asfixia mecánica por ahorcamiento fue la causa de muerte que arrojó la necropsia, pero a pesar de ello, hoy no hay nadie en la cárcel y no hay nadie que esté cerca de ser condenado por este artero crimen en contra de un bebé que simple y sencillamente no podía defenderse. ¿Hubo personas detenidas? Sí, una maestra y la encargada de la estación, pero hoy están en libertad debido a que el juez reclasificó el delito que enfrentaban de “homicidio doloso” a “homicidio culposo no grave”; entre los argumentos del juez está que el cadáver de Kimberly no presentaba signos de haberse defendido; ¿cuántos bebés de un año y siete meses podrían luchar contra una persona adulta para defenderse al estar siendo asesinados?

Desde entonces, su familia ha luchado contra un sistema que ha hecho todo por no esclarecer el asesinato. Varias autoridades del gobierno de Chiapas se han visto involucradas en el tema, pero ninguna ha podido o ninguna ha querido traer la justicia que tanto se pide para Kimberly.

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Sin justicia desde hace cinco años

A cinco años de esos hechos, en Chiapas, ni la Fiscalía ni el Poder Judicial del Estado han llegado a una condena que permita esclarecer el caso. Kimberly murió sin razón alguna y el caso se ha empantanado en un laberinto burocrático en el que las propias autoridades parecen sentirse muy cómodas. Tampoco hay una Comisión Estatal de Atención a Víctimas que pueda otorgar atención a su familia y una reparación integral del daño, aunque, curiosamente, sí existe en la ley, pero ni el gobierno de Manuel Velasco Coello, ni el de Rutilio Escandón Cadenas, han creado la estructura de la Comisión que solo existe en el papel.

A cinco años del artero asesinato que nos arrebató a Kimberly (habló en plural porque perder una vida es un daño para todos), no hay ni justicia, ni reparación integral, ni atención a las víctimas indirectas; solo hay impunidad y una indolencia suprema. Como nunca, hoy Chiapas vive un clima de inseguridad pública que cada día cobra más víctimas, pero si no ha sido posible castigar a quienes privaron de la vida a una bebé en una guardería, ¿qué se puede esperar en los delitos que involucran a grupos delincuenciales, que cada día son más comunes en Tuxtla Gutiérrez y las grandes ciudades del estado? A cinco años, es hora de que la impunidad en Chiapas se acabe: #JusticiaParaKimberly

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