'Migrantes en desamparo': denuncian organizaciones violación de derechos humanos

El pasado 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al virus SARS-CoV-2 como pandemia, la gravedad de las transmisiones de la afección era tal que los países comenzaron a cerrar sus fronteras y a emitir nuevas normas que salvaguardaran la vida de sus ciudadanos, México fue uno de ellos, sin embargo, mientras algunos se protegían dentro de sus casas, hubo un sector de la población que se quedó a la deriva, los migrantes.

Una vez que fue declara la pandemia de COVID-19, las personas que yacían detenidas en las estaciones migratorias del país fueron expuestas a contraer el virus a consecuencia de las condiciones de sobrepoblación, además de la falta de higiene que denunciaron se vive en dichos centros.

En razón de lo anterior, la directora general del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), Gretchen Kuhner, la directiva de Asylum Access México, Alejandra Macías y la directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), Ana Lorena Delgadillo, decidieron coordinar esfuerzos junto con otras organizaciones civiles del país para actuar.

Entre las acciones que se tomaron, fue una demanda legal en contra del gobierno para que "cumpla su obligación de cuidar la salud de las personas migrantes y sujetas de protección internacional", según se lee en un comunicado.

Las directivas de dichos organismos detallaron que entre los meses de abril y mayo, diversas organizaciones de la sociedad civil tanto de la Ciudad de México, como de los estado de Chiapas, Chihuahua, Tabasco, Tijuana, Veracruz y Nuevo León promovieron "nueve amparos ante juzgados de distrito", para demandar al Consejo de Salubridad General, al Instituto Nacional de Migración (INM), a la Secretaría de Salud Federal y estatales, a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Secretaría de Gobernación (SEGOB) y al Ejecutivo Federal.

Las organizaciones exigen que dichas dependencias "tomen las medidas necesarias a fin de garantizar a la población migrante, refugiada y sujeta de protección internacional el acceso a la salud, a una estancia regular y a una vivienda digna", además de suspender las detenciones y piden se libere a las personas detenidas en las estaciones migratorias.

Decidimos coordinar esfuerzos con varias organizaciones de la sociedad civil de todo el país y demandamos legalmente al gobierno para que cumpla su obligación de cuidar la salud de las personas migrantes y sujetas  de protección internacional. No podemos llamarnos un país civilizado, ni mucho menos hablar de un “gobierno humanista”, cuando en plena pandemia teníamos a inocentes encerrados en estas condiciones inhumanas, y a miles de personas expulsadas de Estados Unidos sin atención médica.

-Informan las organizaciones.

Las representantes de dichas órganos compartieron que el "juicio de amparo es la máxima figura de protección a los derechos humanos en México" y lamentaron que, dicho instrumento no ha sido "lo suficientemente útil para proteger a las poblaciones migrantes en tiempos del COVID-19".

Dichos grupos, denunciaron que el "Gobierno Federal ha decidido ignorar los mandatos del Poder Judicial y ha encontrado en la simulación, una forma de eludir sus obligaciones".

En un comunicado compartido en conjunto por las tres directoras, se reveló que hasta la fecha, seis de los nueve amparos realizados, "han otorgado la suspensión a favor de las personas injustamente afectadas", sin embargo, "las autoridades no han cumplido cabalmente con las órdenes judiciales", contrario a eso, "las han evadido o han simulado su cumplimiento".

La resolución del juez de la Ciudad de México ordena que se otorgue estancia regular a la población migrante y se les apoye a través de un programa social para que puedan sostenerse durante esta crisis sanitaria. También estableció la libertad inmediata de la población en situación de vulnerabilidad detenida en estaciones migratorias. Pero la realidad es que el INM realizó deportaciones masivas sin respetar el debido proceso, y sin darles a estas personas acceso al procedimiento de asilo.

IMUMI, Asylum Access México y la FJEDD denunciaron que el INM sí liberó a los migrantes y los llevó del norte al sur, no obstante, los dejaron "a su suerte en las calles, donde han sido víctimas de delitos".

También aseguraron que se desconoce el destino de muchas de esas personas, por ejemplo, si siguen en México o en qué condiciones viven, tampoco se sabe "si regresaron a su país, o si han perdido la vida a manos del coronavirus o de las bandas de delincuentes que operan impunemente".

Gretchen Kuhner, Alejandra Macías y Ana Lorena Delgadillo coinciden en que "tenemos derecho a la verdad, a un gobierno que cumpla con la ley y a instituciones que en vez de violar, garanticen los derechos de todas las personas de forma efectiva".

Por otro lado, hicieron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador, para que "ordene a sus funcionarios el cumplimiento inmediato y cabal de las resoluciones del Poder Judicial", ya que indicaron, es un deber legal y ético, y enfatizaron en que la "responsabilidad ante la pandemia y el compromiso social con los pobres no se platica, se demuestra con hechos".

Finalmente, las directoras de dichas organizaciones compartieron que el Consejo de Salubridad, "como máxima autoridad durante la pandemia", es quien "tiene la obligación de dictar medidas efectivas frente al riesgo que están corriendo mujeres, ancianos, niñas, niños y jóvenes migrantes y solicitantes de asilo".

Si México ha decidido aceptar a la población deportada y/o expulsada de EUA, debe ser consecuente y brindarles las medidas de salud, atención y vivienda que requieren, no dejarlos a su suerte.  El riesgo es para todas y todos, porque si el gobierno hoy incumple un amparo para proteger personas migrantes, mañana podría incumplir un amparo para protegerle a usted.