Puebla

Barbosa niega quererse apropiar de escuelas privadas con nueva ley

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, informó que los inmuebles serán destinados para el uso que tenían desde un principio: las escuelas.
lunes, 25 de mayo de 2020 · 13:37

Miguel Ángel Barbosa, gobernador de Puebla, rechazó este lunes “adueñarse” de los inmuebles de las escuelas privadas, como lo señala el llamado Consorcio Universitario de ese estado.

De acuerdo con palabras del mandatario, la nueva ley de Educación “permitirá que los mismos inmuebles sirvan para fines educativos a los que están desde un principio”.

Asimismo, puntualizó que esta misma previsión quedó establecida en la Ley de Educación Estatal en el artículo 105, en el cual dice que su ‘su alcance’ nada tiene que ver apropiarse de dichos bienes muebles e inmuebles.

¿Por qué genero polémica la nueva ley de Educación en Puebla?

Fue el pasado 24 de mayo, cuando de manera exprés, se aprobó la nueva Ley de Educación, la cual permitirá al gobierno del estado de Puebla inferir en el manejo de instituciones privadas de educación en todos los niveles.

Dicho ordenamiento incorpora los inmuebles de instituciones privadas al Sistema Educativo Estatal y prevé sanciones como la imposición de multas de hasta 440 mil pesos por actos como retención de documentos oficiales o la negativa de proporcionar educación.

Por si fuera poco, otras de las acciones promovidas por la nueva norma son, la investigación de aumentos en las cuotas, así como la prohibición del condicionamiento de compras de uniformes y materiales y la prohibición de retención de papeles oficiales a alumnos que deban pagos de colegiaturas.

Las respuestas

Ante esto, diversos cabezas de instituciones universitarias se pronunciaron como sería el caso de José Mata Temoltzin, rector de la Universidad Anáhuac de Puebla y, Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de las Américas Puebla, los cuales expresaron que tal norma cae en lo ‘ambiguo’, en especial, el artículo 105.

De igual manera, ambos rectores mencionaron que tal ordenamiento es una ataque al sistema privado de educación y que esta medida es de carácter ‘interversionista’.