Tribunales de derechos humanos

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Twitter: @CLopezKramsky

Lo que se había venido anunciando se cumplió. Después de casi 26 años bajo el mismo esquema y con la misma organización, el Poder Judicial de la Federación se encuentra bajo la lupa. La revisión a la que se está sometiendo es profunda y tiene la intención de cambiar paradigmas, transformar estructuras y procesos, así como adecuar la justicia a las exigencias del siglo XXI. La última gran reforma judicial se dio en el año 1994; ésas modificaciones se consideraron como el proceso de cambio más importante del sistema judicial en la historia. Ésta pretende ser aún más trascendente.

Lo he dicho en otras ocasiones y lo reitero: el Derecho es una construcción social que debe adecuarse a la realidad; debe seguir los pasos de lo que sucede en las calles, en las plazas, en los parques, en la vida cotidiana de la gente y no al revés. Durante muchos años, por soberbia o ignorancia, los abogados pretendimos que la realidad fuera la que se adecuara a la norma; hoy sabemos que la ley que se aleja de lo humano es una norma muerta.

Por ello, me parece muy relevante que el Poder Judicial de la Federación, a través de la facultad de iniciativa del presidente de la República, haya presentado una iniciativa de reforma de gran calado a todo el sistema judicial, con la que trata de modernizar la función del juez, construir nuevos mecanismos de resolución de controversias y mejorar los instrumentos de protección de los derechos humanos.

En este último punto reside, me parece, una de las más grandes innovaciones y que trata de responder a una interrogante añeja: ¿cómo proteger mejor los derechos humanos, especialmente, en casos de violaciones graves? La respuesta nunca ha sido sencilla; desde los años noventa, nuestro sistema jurídico ha intentado ampliar la protección a los derechos humanos a través de diversas formas, leyes e instituciones. La creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de sus homólogas estatales, la consolidación normativa del juicio de amparo, la creación de nuevas leyes que protegen derechos humanos específicos y la correlativa construcción de sistemas nacionales de coordinación para protección de los mismos, entre otros, son ejemplos de los muchos esfuerzos que se han hecho en México en los últimos 30 años, pero aún tenemos saldos pendientes.

En ese contexto, hay que resaltar que la propuesta de reforma judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación plantea que el Consejo de la Judicatura Federal pueda designar a uno o más órganos jurisdiccionales para conocer asuntos vinculados con hechos que constituyen violaciones graves a los derechos humanos o que tengan un impacto social de especial relevancia, constituyendo una importantísima excepción a las reglas de turno y competencia.

La iniciativa pretende garantizar “una solución más integral, coherente y expedita a este tipo de asuntos (…) en congruencia con la progresividad de estos derechos y el respeto a la intrínseca dignidad humana.” En palabras llanas, lo que parece pretender la iniciativa es que, ante casos de violaciones graves de derechos humanos, tales como los de Tanhuato, Michoacán o Allende, Coahuila, existan tribunales específicos que conozcan de todos los amparos relacionados con ellos, asegurando que sean resueltos de manera expedita y con un solo criterio. Esto permitirá que las víctimas y los colectivos de víctimas relacionadas con el caso no tengan que peregrinar de juzgado en juzgado para demandar la protección de la justicia federal.

Quedan muchas interrogantes por resolver: ¿cómo se calificarán los casos que se consideren violaciones graves? ¿Cuál será el alcance de las resoluciones que dictarán estos órganos jurisdiccionales? ¿Suplirán de alguna forma la no vinculatoriedad de las recomendaciones que emite la CNDH? entre otras, pero en el fondo, es una buena noticia que se anuncie la posibilidad de estos juzgados. Quizá habría sido mejor buscar que el amparo tuviera efectos erga omnes, es decir, que las sentencias protegieran a todas las personas y no solo a quien la promueve, pero tampoco debemos subestimar el poder que estos órganos jurisdiccionales tendrían para garantizar derechos humanos.

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