No es el narco, es la estúpida prohibición

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Este 2019, se cumplieron diez años de la Declaración Política y Plan de Acción sobre Cooperación Internacional en favor de una estrategia integral y equilibrada para contrarrestar el problema mundial de las drogas. Este instrumento conocido coloquialmente como: Declaración Política de 2009, fue un documento redactado en el centro del sistema internacional de fiscalización de drogas durante la 52 sesión de la Comisión de Estupefacientes con sede en Viena.

En la cual, se abordaron los alcances y limitaciones de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre drogas UNGASS1998, donde el lema versaba: un mundo libre de drogas es posible, a finales del milenio, los Estados Miembros se comprometieron a:- eliminar o reducir significativamente la fabricación, comercialización y tráfico de sustancias psicotrópicas y el desvío de precursores;- lograr resultados significativos y medibles en la reducción de la demanda; y – lograr resultados significativos y medibles en la reducción del cultivo ilícito del arbusto de coca, la planta de cannabis y la adormidera, en un lapso de 10 años.

Dicho acontecimiento coincidió con los cien años de la Comisión Internacional del Opio en 1909, en este orden de ideas, la Declaración Política, puso en contexto la falta de eficacia del sistema internacional de fiscalización y los efectos no intencionados, que por el contrario a sus objetivos de garantizar el acceso a medicamentos esenciales y una fiscalización efectiva. Su implementación, había sido adversa, con un impacto negativo sobre las comunidades y el desarrollo, así como amplificando problemas de seguridad y de salud pública. Siendo el 2009, un quiebre en la narrativa institucional al reconocer los daños y proponer nuevas aproximaciones llamadas “nuevo paradigma sobre drogas” dentro de las agencias de la ONU.

El documento, consta de tres apartados, el primer punto versa sobre la reducción de la demanda y medidas conexas para la reducción del uso indebido de drogas y la drogodependencia mediante un criterio amplio, seguido de un apartado que cumple con la identificación de un protocolo de control para la reducción de la oferta de drogas ilícitas con la fiscalización de precursores y la cooperación internacional para erradicar los cultivos ilícitos. En el último apartado, se sugiere un esquema de cooperación para luchar contra el blanqueo de dinero y la cooperación judicial en correspondencia con la Convención Contra el tráfico Ilícito de 1988 donde se tipifica el crimen organizado y las empresas criminales trasnacionales.

Sin embargo, a diez años de la Declaración Política, los cambios han sido paulatinos en el centro del régimen de control de drogas, y los países o localidades de Estados Miembro, han adoptado esquemas de flexibilización por ejemplo para el cannabis como Uruguay, Canadá y Estados Unidos, quienes han prescindido de los convenios internacionales, ignorando la prohibición expresa en la venta de cannabis para fines “no médicos”. Y por el contrario, los esquemas de tolerancias cero y de combate armado se han extendido, con la militarización de la seguridad pública en distintas regiones, así como socavamiento del Estado de derecho y crisis derivadas por conflictos entre grupos criminales, utilizando cual trofeos y negociación política los esquemas de cooperación judicial como la figura de la extradición.

En este sentido, un documento desclasificado del Senado norteamericano titulado Narcos Cárteles Trasnacionales y Seguridad Fronteriza del año 2018, identifican al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco como enemigos y amenazas para la seguridad de Estados Unidos. Este tipo de empresas criminales son un ejemplo de una consecuencia negativa del actual sistema de control de drogas y la corrupción política, que mediante el combate armado, han potenciado el uso de ejércitos privados y técnicas paramilitares, las cuales han dado fenómenos como la narco insurgencia y la reconfiguración capturada del Estado criminal. Como reciente ejemplo podríamos mencionar la cobertura mediática e institucional del pasado operativo fallido para capturar al hijo del traficante sinaloense el Chapo Guzmán, donde a través de la figura del narcotráfico, se identifican enemigos monolíticos, crisis institucionales y un desarrollo de empresas criminales amparadas en el poder político y derivadas de la prohibición de drogas que han afectado y trastocado la vida social en amplias zonas.

A manera de conclusión, mencionaría que la agenda securitaria y de contención al crimen organizado seguirá siendo un eje primordial de la implementación de las políticas de drogas y de seguridad internacional y bilateral, en el marco por ejemplo de convenios amplios transexenales como la Iniciativa Mérida, y que de manera paralela en los organismos internacionales y de las Naciones Unidas ya se focalizan esquemas de reparación de los daños y la flexibilización de las políticas, donde la sociedad civil ha tomado un papel protagónico, sin embargo aún falta un gran camino por recorrer.

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