Los cárteles de la droga sí son grupos terroristas

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Twitter: @RicardoSolano_

En enero de 2015 me cuestionaron por primera vez sobre si las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico en México podían ser considerados como terroristas. Fue durante la defensa de mi tesis de maestría y la pregunta vino del Dr. Paul Pansaers, profesor emérito de la Universidad de Gante, y quien era el equivalente a un sinodal. Y me salió el patrioterismo que los mexicanos solemos llevar dentro. Contesté que no, que nada tenían que ver, las organizaciones terroristas buscan cambios políticos a través de llevar a cabo actos de terror y las organizaciones criminales buscan maximizar sus ganancias económicas. Al Dr. Ponsaers -sin embargo- no le satisfizo mi respuesta.

Me encantaría poder compartir la respuesta que me dio mi sinodal, sin embargo, no la recuerdo con exactitud. Lo que sí recuerdo es la reflexión que me hizo tener.

Las organizaciones criminales sí buscan incidir políticamente, ya sea para modificar el status quo o para mantenerlo en favor de sus intereses.

Ya he hablado en otras ocasiones sobre la cooptación del Estado por parte de cárteles de la droga. La cooptación del Estado es cuando se infiltra a tal punto el crimen organizado en el aparto de gobierno que, en lugar de trabajar por el bien común, por la población, el gobierno trabaja de acuerdo con los intereses de las empresas criminales. Y esta cooptación incluye tanto la elaboración de políticas pública como las resoluciones judiciales en favor de los grupos delictivos.

La cooptación del Estado no se hace por medios pacíficos. Hay dos elementos clave dentro del crimen organizado: el uso de la violencia y la corrupción. Hay autores que señalan que el coaccionar a funcionarios públicos para que colaboren con estas empresas criminales, ya sea mediante tácticas violentas o amenazas contra su propia vida o la de sus familias, debería ser considerado como violencia y no como corrupción. El uso de violencia y amenazas para que ciertos grupos de personas, pobladores, funcionarios o servidores públicos electos modifiquen comportamientos y actitudes en favor de los intereses de los grupos criminales son actos de terror.

La Ley de Seguro contra Riesgos de Terrorismo de Estados Unidos señala -por ejemplo- que el terrorismo parte de un esfuerzo para coaccionar a la población civil de Estados Unidos, o para influir en la política o afectar la conducta de Estados Unidos por coacción. La violencia que ejercen las organizaciones criminales en México busca que ya sea la población civil o el gobierno mexicano hagan o dejen de hacer algo, es decir, buscan coaccionar. Como vemos, para que un acto sea considerado como terrorismo no es necesario que venga acompañado por una ideología, basta que su objetivo sea modificar comportamientos a través del terror que genera el uso de la violencia.

Cuando escuchamos que Estados Unidos podría catalogar a las organizaciones criminales mexicanas como grupos terroristas, nos sale el patrioterismo que llevamos dentro. Quizá deberíamos analizar si el que Estados Unidos los catalogue así podría beneficiar el combate a estos grupos. Entonces México podría presionar a EE.UU. para que reduzca el consumo de drogas ilegales, principal fuente de financiamiento de estas organizaciones criminales, y que detenga el flujo de armas. Su propia estrategia podría darnos las herramientas que necesitamos para que Estados Unidos haga el trabajo que le corresponde como país corresponsable del fenómeno del narcotráfico.

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