Las víctimas y los millones

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Twitter: @CLopezKramsky

La semana pasada, esta columna hizo un recuento de los retos que tiene la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). El diagnóstico no es nada alentador, pero, tal y como varias personas altamente comprometidas con las víctimas me dijeron, vale la pena intentar el rescate de esa institución y, aunque sea difícil, con trabajo y sensibilidad, sí es posible construir una nueva CEAV.

En su columna del jueves en Milenio, Maite Azuela hizo un recuento sobre los candidatos más visibles a suceder a Sergio Jaime Rochín del Rincón, concluyendo que algunos de ellos garantizarían seguir con las políticas implementadas en la administración anterior, lo que plantea un dilema de continuidad o renovación.

Adicional al certero análisis que presenta Maite Azuela, tal parece que lo que el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, debe plantearse antes de enviar la lista al presidente Andrés Manuel López Obrador, es qué proyecto privilegiará este gobierno en materia victimal: el institucional apegado a las políticas que la CEAV ha repetido una y otra vez en perjuicio de las víctimas; el emanado de víctimas que plantean una renovación completa de la forma en que la CEAV debe operar o, el de transformación con visos de continuidad que plantean ex servidores públicos de la propia institución.

El subsecretario Encinas debe ponderar cuidadosamente las fortalezas y debilidades de cada uno de ellos antes de tomar una determinación.

Cualquiera de los proyectos requerirá recursos financieros y humanos que, según informó la pasada administración, escasean en la CEAV, pero ahí hay una pieza clave en el rompecabezas: ¿quién garantiza hacer más con menos?

Es cierto que la CEAV no es una institución con cuentas bancarias desbordándose, pero tampoco es un organismo sin presupuesto; quizás, lo que se necesite sea revisar los gastos. Pongo un ejemplo: la Plataforma del Registro Nacional de Víctimas (RENAVI).

El Artículo 88, fracción XXVI, de la Ley General de Víctimas, establece que la CEAV creará una plataforma en la que se concentrará toda la información de las víctimas. Esto tiene mucha lógica, pues así se sistematiza la información y se puede proporcionar un mejor servicio; pero se ha pretendido cumplir esta obligación con la expansión de la Plataforma del RENAVI, que idealmente debería estar dedicada a la inscripción de las víctimas en el Registro Federal de Víctimas y su inclusión en el Registro Nacional de Víctimas.

El resultado es que ni la plataforma ni el registro de víctimas funcionan, pues la prioridad de la Dirección General del RENAVI es desarrollar la primera.

Esta plataforma ha sido vendida en varios momentos como la gran solución para la evidente ineficiencia de la CEAV, pero sus resultados son un fracaso: el Registro tiene menos de 25 mil víctimas inscritas, de un universo de millones. Por si fuera poco, la CEAV informó a través de una solicitud de transparencia que, al 20 de junio de 2019, 46 mil 108 programas de atención integral a víctimas se habían cargado en la plataforma, de los cuales, 46 mil 074 fueron elaborados automáticamente por la plataforma, es decir, son hechos por default y todos iguales para todas las víctimas, mientras que solo 34 habían sido elaborados por personal adscrito a unidades administrativas de la CEAV, es decir, específicos para las víctimas en atención. No hay adjetivos para definir esta burla a las víctimas.

¿De qué sirve un programa de atención integral si es elaborado por un sistema informático que no tiene idea de quién soy y qué necesito? De nada.

Además, ninguna víctima tiene acceso a la plataforma, pues ello está reservado para personal de la CEAV. ¿Su costo? Desde 2015, la CEAV ha pagado a dos empresas más de 84 millones de pesos por el desarrollo de la plataforma (NOVUTEK, del Instituto Tecnológico de Sonora, 33.28 millones) y por el uso de un centro de datos (INFOTEC, 51.38 millones). Alrededor de 28 millones de pesos anuales se han gastado en la plataforma desde 2015, sin que contenga siquiera planes de atención integral diseñados específicamente para cada víctima.

¿Qué se puede hacer con 28 millones de pesos anuales dedicados a atender víctimas? Mucho más que lo que se hace hoy.

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