La impunidad tiene permiso

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Mientras los políticos se disputan el poder en el Congreso, y la 4T insiste en enfilar sus baterías hacia los adversarios que, según el presidente López Obrador, ya están “moralmente derrotados”, la delincuencia disfruta del clima de impunidad que priva en México.

A las autoridades nadie las respeta, mientras que a los delincuentes la gente sí les tiene miedo.

El ejemplo más claro es lo ocurrido en algunas gasolinerías de Tamaulipas, que suspendieron el suministro de combustible para policías y militares en Nuevo Laredo, tras ser amenazadas de ser incendiadas si surtían a los uniformados que participan en operativos contra la delincuencia.

¿Quién manda ahí? La respuesta es: El Cartel del Noreste, una organización criminal mexicana que nació en 2014 como producto de una escisión de los Zetas. Su área de dominio son los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí.

Otro caso que ha generado enojo e impotencia fue la liberación de Gildardo López Astudillo, “El Gil”, uno de los presuntos líderes del grupo delincuencial Guerreros Unidos, que habría ordenado la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Este sujeto recuperó su libertad desde el 31 de agosto pasado, luego de que un juez federal desestimó gran parte de las pruebas presentadas por la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

La determinación estuvo a cargo del juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, quien decidió otorgarle la libertad a “El Gil” junto a tres sujetos más ligados al caso.

A decir de dicho juzgado, al menos 81 de poco más de 110 pruebas presentadas en contra de “El Gil” se recaudaron de manera ilegal. Fuentes cercanas al caso señalaron que la tortura pesó en los criterios del juez, motivo por el que ya han sido liberados otros 44 implicados.

El 16 de septiembre del 2015, López Astudillo fue detenido en flagrancia en Taxco, Guerrero, por portación de armas y tener una identificación falsa. Fue ingresado al penal del Altiplano tres días después; ahí, el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, a cargo de Raúl Valerio Ramírez, abrió la causa penal 66/2015 y dictó formal prisión contra “El Gil”.

Al ofrecer un balance del caso Ayotzinapa y referirse a la liberación de este personaje, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, indicó que tras la desaparición de los normalistas hubo 142 detenidos, en cuyos casos varias de las pruebas fueron desestimadas. Anunció que iniciarán procesos de investigación sobre la actuación de jueces, agentes del Ministerio Público y funcionarios de la entonces PGR en este caso.

Dijo que estos elementos abren la puerta a la posible liberación de otros 50 detenidos, lo que demuestra “la indebida integración de la investigación, la mal llamada verdad histórica se construyó con base en la simulación en beneficio de los perpetuándoles y en contra de las víctimas… Habiendo elementos suficientes para fincar responsabilidades, con una laxa aplicación de la ley pueden salir libre”

Lo ocurrido en días recientes, es tan solo una pequeña muestra de lo que se vive cotidianamente en distintos rincones de la República, donde la impunidad tiene permiso.

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