De una puerta que ya no será giratoria

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Twitter: @CarlosGuerreroO

La Ley de Austeridad Republicana en México pudo haber tenido una buena intención –acabar con los excesos y conflictos de interés que por tantos años prevalecieron en el gobierno mexicano–. Sin embargo, las disposiciones aprobadas ayer por el Congreso de la Unión, impactarán negativamente en la calidad del servicio público y romperán con la buena práctica de la “puerta giratoria” en el gobierno.

El gobierno mexicano encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (“AMLO”) ha llevado como estandarte la austeridad en el ejercicio del gobierno y la disolución de los conflictos de interés en la relación entre el sector público y el sector privado.

Como resultado de ello, impulsó a través de los diputados y senadores de su movimiento político (Movimiento de Regeneración Nacional o “MORENA” por sus siglas) la denominada Ley de Austeridad Republicana y la reforma a otras leyes que regulan el servicio público y la responsabilidad administrativa de servidores públicos y de particulares relacionados con el gobierno.

Entre otros temas que preocupan de esa ley federal, la existencia de una limitación posterior a la finalización del ejercicio de un cargo público, es negativa, excesiva, no atiende al propósito de la reforma y muy seguramente traerá un efecto perjudicial a la calidad del servicio público y a la buena administración pública.

El segundo párrafo del Artículo 24 de la nueva Ley de Austeridad Republicana, dispone que los servidores públicos de mando superior –léase, secretarios de Estado, subsecretarios, oficiales mayores, jefes de unidad y directores generales, o bien, los que ganan más de 122,000 pesos mexicanos brutos mensuales (aproximadamente 6,200 dólares americanos)–, una vez separados de su cargo oficial, podrán ocupar puestos “en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público” hasta después de transcurridos diez años.

Al respecto debe dejarse en claro que la limitación en sí misma no es reprochable. Como lo señalan Roberto de Michele y Nicolás Dassen en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo:

“Si no existen regulaciones post-empleo, se corre el riesgo de que los funcionarios utilicen su cargo público como un trampolín para obtener futuros beneficios en el sector privado”.

El primer problema de la novedosa regulación mexicana es que, probablemente por un error de técnica legislativa, el artículo de referencia no es aplicable al presidente de la República. Según el Manual de Percepciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, técnicamente el presidente no es un mando superior.

Además es negativo que, a la par de esta reforma, no se hubiere legislado al respecto de las limitaciones previas al empleo público –lo que genera la captura de cargos públicos–, ni exista una política pública en materia de designaciones de altos cargos públicos, ni que al efecto exista una fuerte y eficiente regulación del Servicio Profesional de Carrera que promueva el acceso a cargos por servidores públicos de carrera.

Pero la debacle en esta legislación criticada, es el periodo en que la restricción post-empleo se ha hecho extensiva a los servidores públicos obligados: nada más y nada menos que ¡diez años de prohibición! Mientras que una década es el plazo restrictivo aplicable en México, en Argentina la prohibición es únicamente por tres años, en Bolivia por dos años, en Colombia por un año y en Chile por un año.

De esta forma, no solamente la Ley de Austeridad Republicana desincentiva a que personas que hoy están en el sector privado transiten y aporten con sus conocimientos al sector público –¿quién querría auto imponerse una restricción de diez años, por amor a la patria?–, sino que también genera, desde ahora, violaciones al derecho a trabajar y a ejercer libremente una profesión, a funcionarios que hoy integran el gobierno federal mexicano –incluidos los fieles de MORENA– ante la desproporcionalidad del tiempo de restricción.

¿Quién se apunta a ser servidor público del gobierno en turno? ¿Qué servidor público del actual gobierno quisiera ir invocando el principio de irretroactividad de las leyes?

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