¿Abandono de la reforma sobre drogas de la 4T?

Twitter: @jonasartre 

A un año del triunfo electoral de la coalición encabezada por Andrés Manuel López Obrador, sería un buen momento para establecer una retrospectiva sobre el estado de las políticas de drogas durante los siete meses de administración y la transición de propuestas de campaña con la agenda política en gobierno.

Habría que señalar, que la “guerra contra las drogas” en México como política pública y sus efectos adversos fueron un eje en el cual se basaron muchas de las simpatías y promesas de campaña del actual gobierno.

En este sentido, el treinta de enero del año 2019, en conferencia de prensa el presidente oficializó el final de la “guerra contra el narco”, mediante la declaración: – oficialmente ya no hay guerra.

Parte importante de la campaña electoral desde 2017, se basó en la construcción de la paz, justicia transicional e incluso se propuso un esquema de regulación de cannabis y posiblemente de amapola, con proyectos innovadores como la iniciativa de ley de la senadora y actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez en la cual se proponía una despenalización del uso de cannabis en el espacio público.

Sin embargo, ocho meses después y con una clara militarización de la seguridad pública en los asuntos migratorios, pareciera que se han abandonado tanto las propuestas iniciales de desmilitarización y la vuelta de las tropas a los cuarteles, por un sistema de seguridad militar en la Guardia Nacional.

En lo que respecta, al ámbito de las políticas de drogas y seguridad, según notas periodísticas basadas en reportes de agencias norteamericanas, aseguran que, el Estado mexicano, ha abandonado la cooperación respecto al combate al narcotráfico. Lo cual es reconocible en el reordenamiento del crimen organizado donde no han dejado de operar grupos mafiosos e incluso su poder de fuego y reclutamiento han llegado a niveles alarmantes como el reclutamiento forzado a cargo del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Si bien, la agenda general de gobierno apunta hacia el mejoramiento de la situación económica y social, el pasado 12 de julio en conferencia de prensa en el estado de Nayarit, el presidente Obrador respondió a las preguntas de periodistas de manera ambigua. Por ejemplo, le preguntaban sobre la viabilidad y hasta cuándo podría verse el levantamiento de la prohibición de ciertas sustancias como la mariguana. A lo que contestó: tenían que analizar y sería el pueblo el que decida, para ver si la legalización conviene o no. Y en lo que respecta a la amnistía también contestó que siguen evaluándola.

Sería ingenuo pensar que la puesta en marcha de un sistema administrativo con una incorporación de ciertas sustancias al mercado lícito pudiera mermar la descomposición social que experimenta México, sin embargo, pondría en perspectiva que una reforma a las políticas de drogas, por ejemplo sobre cannabis, podría abonar a la construcción de un sistema de respeto al estado de derecho y a la construcción de ciudadanía, reconociendo derechos y responsabilidades de las personas que deciden usar drogas, así como fortalecer el seguimiento y tratamiento voluntario de quienes lo necesiten.

Por lo que respecta a los planes y programas, tanto en la ley de la Guardia Nacional como en el Plan Nacional para prevenir las adicciones, a pesar de que se hace un uso retórico en los textos asegurando que la “guerra contra las drogas ha fracasado”.

En la primera, se faculta al cuerpo militar para el combate a los delitos contra la salud, como la tenencia de drogas, y en el segundo no se reconocen las libertades y jurisprudencias otorgadas por la Suprema Corte respecto a la prohibición de cannabis y por el contrario se delega al aspecto de abuso y adictivo a cualquier tipo de consumo, lo que parece un abandono institucional de una agenda de política de drogas integral, en conclusión, es notable que hubo un uso retórico de la reforma sobre drogas con fines electorales y al momento de traducirlos en propuestas de agenda política se abandonaron.

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