La política migratoria de ya valieron…

En los albores del aniversario de los 20 años del 11 de septiembre de 2001, conmemoramos a su vez la institucionalización del control migratorio basado en la seguridad y la militarización. Los hechos de la ciudad de Nueva York marcaron la relación bilateral entre México y los Estados Unidos, así como el control que debería ejercerse en la frontera norte de nuestro territorio.

Lo que ha sucedido a lo largo de los años es que los Estados Unidos han enviado dinero para profesionalizar al personal de seguridad: policías de los tres órdenes de gobierno, guardias nacionales, militares y marinos, a cambio de recrudecer las estrategias de detención y control, sobre la hipótesis de que en los flujos podría “colarse gente mala”.

La securitización ha sido el punto partida de la criminalización de la migración, pero detrás de esto se criminaliza la pobreza, los lugares de origen, el color de piel y la apariencia. Este proceso dejó de lado las razones y las causas estructurales de la migración y se olvida de la inseguridad en los países de origen, la inestabilidad política y las consecuencias de la larga intervención política en los países más pobres como los del triangulo norte y Haití.

En México el diseño de la política migratoria impide que la escasa voluntad política sea efectiva para proteger y salvaguardar la dignidad humana. En 2011 uno de los principios que se luchó por tener en la Ley de Migración es el de [c]ongruencia de la mantera en que el Estado mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior (sic), pero que con mucha dificultad opera en la realidad.

La red consular de México y su capacidad para defender los intereses de los nacionales en el exterior es un esfuerzo digno por proteger la dignidad de los mexicanos fuera de las fronteras, mas el problema radica en la falta de capacidad para mantener la dignidad de los extranjeros en nuestras fronteras.

Otro de los aspectos fundamentales de la Ley de Migración fue constituir un área en el seno de la Secretaría de Gobernación desde la que se diseñara la política migratoria, asunto que en la actualidad está bajo el mando y responsabilidad de Alejandro Encinas, pero que no tiene suficiente fuerza política (o voluntad) para que sea una política de basada en los derechos humanos.

Queda claro que en este mandato la Secretaría de Gobernación hace todo menos política interior, una gran parte de la fuerza política está en la SRE a mando de Marcelo Ebrard y de donde ha salido mucho del discurso sobre migración, ¿será que el secretario es el que toma las decisiones de persecución y control migratorio? A su vez, las instancias donde se hace uso de la fuerza han estado muy interesadas en mantener su poder político y recursos, así que la tarea de mantener la mano dura sobre los migrantes sin intervención política real seguirá en este camino.

El uso de la fuerza no es política migratoria, hacer de los agentes migratorios unos policías con conocimientos técnicos sobre como reprimir y encapsular (ponga todos los eufemismos de violaciones a derechos humanos aquí) es una muestra de que el objetivo político está en impedir la llegada de migrantes al país.

La omisión de Encinas es criminal, porque es su responsabilidad cumplir con los objetivos de política migratoria y entre ellos el respeto irrestricto a los derechos humanos que, además está el nombre de la subsecretaría que ocupa.

Cuando el presidente decía que nunca usaría a los militares contra el pueblo, se olvidó que los migrantes también lo son, y la responsabilidad política por estos hechos también llegan hasta su escritorio.

Puedes conocer más del autor en su cuenta de Twitter: @P_Mancebo

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