La consulta popular y el quebrantamiento del Estado de Derecho

De los múltiples conceptos jurídicos que describen y establecen las formas en las que los gobernantes y gobernados debemos convivir en armonía, el de Estado de Derecho es el mas claro, el de más fácil comprensión

La Organización de las Naciones Unidas señala que el Estado de Derecho es un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal.[1]

El elemento esencial de esta definición es que el Estado de Derecho es aplicable universalmente, nadie deberá estar exento. No importa si se trata el mismo Estado, que es el principal obligado a garantizar el Estado de Derecho. Esto quiere decir que absolutamente todas las leyes son aplicables a absolutamente todos los que viven en un Estado de Derecho. Leyes civiles, leyes administrativas, leyes jurídico-penales, leyes locales, leyes federales… todas las leyes son aplicables a todos sin excepción alguna. El mecanismo de aplicación es el debido proceso.

En este orden de ideas, la consulta popular realizada por el Gobierno federal en días pasados representa un quebrantamiento del Estado de Derecho sin lugar a duda.

Como ya hemos señalado en un Estado de Derecho real, la ley se aplica sin ningún tipo de distinción, por etnia o clase social, por ejemplo, tampoco si se es un ciudadano cuyas actividades siempre han estado en el ámbito privado o si un ciudadano es o fue funcionario.

En su libro a 'Las puertas de la Ley Luis Rubio', Beatriz Magaloni, Edna Jaime entre otros investigadores[2] señalan que tenemos la creencia de que en nuestro país la mayoría de las personas no tenemos la capacidad para apegarnos a la ley, que no la respetamos. Sin embargo, como estos investigadores señala, en México existe un marco jurídico que regula todas las esferas de la vida en sociedad de los mexicanos, es un marco jurídico que puede ser perfectible pero que en general es funcional… cuando se aplica. Este marco jurídico además emana de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no devienen del capricho u ocurrencia de los líderes políticos. Por lo tanto, la creencia de que no podemos apegarnos a la ley no radica en que no exista un marco jurídico, sino en como se aplica la ley y si se llega a la justicia.

Continuando con la idea de los investigadores Rubio, Magaloni y Jaime, el que toda actividad económica, política y social tenga un marco jurídico, no equivale a vivir dentro de un verdadero[3] Estado de derecho. Se alcanza un Estado de Derecho cuando ese marco jurídico es aplicado y se obtiene un resultado de su aplicación para defensa de unos ciudadanos y sanción de otros. Ciertamente en nuestro país dista mucho de un Estado Real de Derecho, porque el marco jurídico suele no aplicarse categóricamente en beneficio de la sociedad en general. Por lo tanto, en este momento histórico del país no podemos hablar de un Estado Real de Derecho.

De este modo, realizar una consulta popular sobre lo que más bien debería ser la aplicación de la ley, no hace más que resquebrajar el ya de por si inconsistente Estado de Derecho Mexicano.

En este escenario la consulta popular nunca tuvo la finalidad de fortalecer la aplicación de la ley y la justica, sino un fin político populista a modo de sondeo para revisar desde otra perspectiva la aprobación o desaprobación del gobierno. Desde mi punto de vista, esta consulta tuvo como objetivo examinar si el nivel de resentimiento social que llevó a la presidencia a López Obrador y su partido se mantiene o ha incrementado.

En un Estado Real de Derecho, ni si quiera se hubiera planteado la idea de consultar si se llevaban ante la ley o no a los expresidentes. Ya existe un marco jurídico que permite llevar a cabo todo el proceso correspondiente para llevar ante la justicia a los expresidentes, si es que existen datos de prueba suficientes para iniciar un proceso penal. Y todo ello tiene sustento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Poner a consulta lo que es OBLIGACION del Estado es un enorme riesgo a la estabilidad y permanencia del Estado Mexicano y un peligro latente para los individuos, ya que no sabremos cuándo o de qué forma discrecional se podrá aplicar la ley para perseguir políticamente, para expropiar propiedad privada, para la extinción de dominio o simplemente por venganzas personales y/o políticas o bien, para beneficiar a otros pocos alineados con el régimen.

Si existen elementos que puedan servir para iniciar un proceso penal contra los expresidentes, debe iniciarse, sin preguntar, sin consultar. Se debe aplicar la ley simple y llanamente. Si no existen mas que los argumentos ideológicos y políticos estamos ante un mero linchamiento mediático que nada tiene que ver con la justicia y el Estado de Derecho y eso es un umbral muy peligroso de cruzarlo, porque ya no se hablará de un Estado Real de Derecho, si no de una aplicación de la ley diferenciada, un estado punitivo selectivo y persecutor por motivos ideológicos y políticos.

Puedes conocer más del autor en su cuenta de Twitter: @GNava1980

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[1] ¿Qué es el Estado de Derecho? https://www.un.org/ruleoflaw/es/what-is-the-rule-of-law/

[2]Fix Fierro, Hector. Edt. A la puerta de la ley. El estado de derecho en México. http://www.cidac.org/esp/uploads/1/A_la_puerta_de_la_ley_PDF.pdf

[3] ídem