¿Qué está pendiente en México para eliminar la discriminación contra la mujer?

El 12 de mayo de 1981 se publicó en México la «Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer» y pese a que han pasado más de 40 años, persiste su incumplimiento. Basta revisar las «Observaciones finales sobre el noveno informe periódico en México» que elaboró el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU CEDAW, en 2018; y contrastarlas con el contexto actual para ver cómo se tienen grandes pendientes.

Por ejemplo, pese a que en las citadas observaciones de la CEDAW se sugiere reformar la Constitución para tener un Código Penal Nacional o por lo menos una ley penal general. Esto aún no sucede. El delito de feminicidio cambia según el Estado sin cumplir en todos los casos con los estándares legislativos necesarios.

Por otro lado, pese a que se recomienda velar por la capacitación de manera sistemática y obligatoria de jueces, fiscales, defensores públicos, abogados, agentes de policías y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, siguen saliendo a la luz terribles casos en los que, por falta de una investigación con perspectiva de género, se perpetúa la impunidad y no se logra una justicia efectiva para las mujeres. En el reporte «Impunidad en homicidio doloso y feminicidio en México. 2020» de Impunidad Cero, se señala que el nivel de impunidad en el país es más del 51% en feminicidios y más del 89% en homicidios dolosos.

Asimismo, pese a la recomendación de adoptar medidas de carácter urgente para prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres. Esto no se soluciona. Durante el 2019, se registraron 970 feminicidios; en 2020, 977 feminicidios. Lo que da un promedio de tres feminicidios por día («Análisis de los Datos Disponibles de Incidencia Delictiva». Causa en Común). En este 2021, los feminicidios continúan. La semana pasada se hizo público el feminicidio de Maryoli, en Veracruz; y el sábado pasado se llevó un colecta en apoyo a su hija en Boca del Río.

Tampoco se ha cumplido con la recomendación de la CEDAW de armonizar las leyes para garantizar el aborto legal. La prestación de servicios esenciales de anticoncepción de emergencia y aborto. O bien, para armonizar las leyes en el país para calificar la violencia obstétrica como una forma de violencia institucional y por razón de género. En 2018, de conformidad con el estudio de GIRE «Salud materna en Yucatán: caso Valladolid», Yucatán ocupó el cuarto lugar más alto en razón de mortalidad materna. Señala el estudio que «es necesario repensar la disponibilidad de servicios de salud reproductiva fuera de las capitales de las entidades federativas; mirar la composición y características de la población —en este caso, mujeres indígenas maya hablantes— y contrastar los niveles de incidencia de muerte materna y violencia obstétrica, el rezago social y las dificultades relativas a las vías de comunicación y transporte».

Hay otras recomendaciones pendientes y aunque también hay avances, hay que luchar y redoblar esfuerzos para que las reformas legales se conviertan en realidad y podamos tener un país verdaderamente justo e igualitario.

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