Parlamento abierto queretano

Cuando se habla de congresos locales, de inmediato se piensa en órganos legislativos poco conocidos, poco transparentes, que cumplen una función limitada dentro de la vida pública de la entidad y que no tienen la dinámica y la exposición mediática que tienen las cámaras del Congreso de la Unión. Así han funcionado muchos poderes legislativos durante décadas e, incluso, hasta hace algunos años, el Congreso de la Unión también podía caer en esa categoría. Hay estudios muy serios que demuestran estas afirmaciones, tales como el Diagnóstico de Parlamento Abierto del IMCO, entre otros.

Pero, para bien, algo está pasando en los poderes legislativos del país, que se están transformando en órganos mucho más abiertos y en los que, probablemente, la ciudadanía pueda empezar a encontrar respuestas a sus necesidades.

El Congreso de la Unión ya tiene una tradición sólida en la apertura a la participación ciudadana y en otros mecanismos de parlamento abierto; basta recordar las audiencias públicas y los mecanismos de participación ciudadana en la elaboración de dictámenes, que impulsó la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura (2012-2015), en el Senado de la República, que era presidida por el senador Roberto Gil Zuarth (PAN). En esa Comisión se dictaminaron todas las leyes del nuevo sistema penal, incluyendo el Código Nacional de Procedimientos Penales, con la activa participación y liderazgo de expertos, académicos y organizaciones de la sociedad civil. Esos procesos fueron un hito que marcó tendencia y modificó el rumbo de la historia parlamentaria.

Y es muy grato saber que, en Querétaro, la Legislatura del Estado también está adoptando estos mecanismos de parlamento abierto, que propician que la población, la academia y las organizaciones de la sociedad queretana se involucren en los procesos legislativos. Al final de cuentas, las leyes que confeccionan los legisladores son dirigidas a nosotros, los ciudadanos y, la más elemental lógica democrática indica que, si esas normas nos van a obligar a hacer, o no hacer algo, deberíamos tener la posibilidad de participar en su análisis y elaboración.

En ese contexto hay que resaltar que este 13 de agosto se llevará a cabo un foro virtual para presentar propuestas sobre los proyectos de Código Ambiental y de Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado de Querétaro, que es impulsado por los diputados locales Agustín Dorantes Lámbarri (PAN) y Jorge Herrera Martínez (PVEM).

Destaca que, desde hace una semana, los proyectos normativos de dichos ordenamientos legales están a disposición de la ciudadanía en un repositorio de Google Drive, en el cual es posible formular comentarios directamente o, en su caso, pueden enviarse por vía de correo electrónico a los citados legisladores.

Este ejercicio es inédito en Querétaro y marca un precedente muy importante, pues empujará al Poder Legislativo del Estado a abrirse cada vez más hacia la participación ciudadana, cumpliendo así uno de los 10 principios del parlamento abierto, reconocidos por Parlamericas.

Pero eso no es todo lo que se advierte en este ejercicio, pues, como sabemos, en abril de este año entró en vigor en México el comúnmente conocido Acuerdo de Escazú, que es un instrumento internacional que obliga a los Estados Parte a proporcionar la mayor información posible y a garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, ya sea administrativas o legislativas, que impacten de manera importante al medio ambiente o a los derechos ambientales.

Por ello, este ejercicio del Poder Legislativo de Querétaro es el primer caso de aplicación en el país de las disposiciones del Acuerdo de Escazú, lo que es, sin duda alguna, una muy buena noticia para todos quienes nos preocupamos por el medio ambiente.

La evolución de los mecanismos legislativos es una labor que lleva muchos años; existe todavía una visión ampliamente defendida que propugna que las leyes deben escribirse por eruditos y que solo deben ser analizadas y aprobadas por los legisladores, pero afortunadamente, cada vez hay más personas que creemos que las leyes son un producto cultural de cada sociedad y que, en ese contexto, somos los ciudadanos quienes hacemos nuestro Derecho.

Ninguna ley con alto rechazo social va a ser eficaz, porque la gente va a incumplirla sistemáticamente; tenemos que buscar formas de integrar la visión de la sociedad en los proyectos de normas jurídicas, para asegurar que sean respetuosas de los derechos humanos, pero que, además, no colisionen con el sentir y las necesidades de la población. Cuando el Poder Legislativo y la sociedad trabajan juntos, abiertamente y confiando el uno en la otra, es posible confeccionar mejores leyes y códigos. Enhorabuena por la Legislatura de Querétaro.

Puedes conocer más del autor en su cuenta de Twitter: @CLopezKramsky

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