Opinión

El limbo de la marihuana

El Congreso de la Unión ha dejado que el tiempo transcurra sin aprobar una ley que regule el acceso a la marihuana y que despenalice su consumo.
viernes, 9 de julio de 2021 · 08:41

En este espacio, desde hace un par de años, se ha sostenido que México debe avanzar hacia un esquema regulatorio que permita la producción, transformación, traslado, comercialización, distribución, posesión y venta de marihuana, con los debidos controles estatales de calidad, pero de manera libre y legal, tal y como se permite llevar a cabo estas actividades con otras sustancias, como el tabaco o el alcohol. El esfuerzo que han desplegado decenas de organizaciones de la sociedad civil al respecto ha sido titánico y, desafortunadamente, la respuesta estatal no se ha dado con la misma intensidad y magnitud.

El Congreso de la Unión ha dejado que el tiempo transcurra sin aprobar una ley que regule el acceso a la marihuana y que despenalice su consumo, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha determinado que cinco artículos de la Ley General de Salud son inconstitucionales porque violan el derecho al libre desarrollo de la personalidad. En el último año vimos un ir y venir de iniciativas, proyectos, dictámenes y discusiones sobre la materia, pero ha sido imposible que los legisladores -más en su papel de políticos que de técnicos-, se pongan de acuerdo en un marco normativo que permita avanzar hacia un nuevo estadio.

Esto orilló a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a aprobar la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, por el que algunas porciones normativas de los artículos 235 y 247 de la Ley General de Salud fueron expulsadas del sistema jurídico nacional. ¿Qué significa esto? ¿Qué impacto tendrá en la materia? ¿Se soluciona el problema con esta Declaratoria? ¿Se despenaliza la siembra, cosecha, posesión y autoconsumo?

Si bien muchas personas han reconocido que esta Declaratoria es un avance en materia de derecho al libre desarrollo de la personalidad, la realidad es que deja en el limbo al autoconsumo lúdico de la marihuana. Explico brevemente por qué.

En primer lugar, si bien el efecto de esta Declaratoria será que la Secretaría de Salud, a través de la COFEPRIS, no podrá negar el otorgamiento de permisos para cultivar y consumir marihuana, esto solo será así cuando la COFEPRIS emita el reglamento que regule el procedimiento y eso puede tardar meses o, incluso, años. Entonces, lo más probable es que quienes quieran presentar sus solicitudes tengan que esperar sentados.

En segundo lugar, la realidad es que el Código Penal Federal no fue tocado por esta Declaratoria, por lo que, incluso obteniendo estos permisos para producción con fines de autoconsumo, las personas que los obtengan seguirán cometiendo un delito al comprar las semillas o plantas, ya sea en el mercado negro o, incluso al tratar de importarlas.

Otro aspecto que no se aclara con la Declaratoria es el impacto social del autoconsumo, pues si bien existirá, en teoría, la posibilidad de que cada quien decida sobre qué, dónde, cómo y cuánto consumirá, hay muchos aspectos sociales que se verán afectados. ¿Cómo apoyará el Estado a las personas que necesiten atención médica o que requieran apoyo por consumo problemático? ¿Qué papel tendrán las autoridades estatales y, en especial, las municipales, al garantizar este derecho? ¿Cómo se regulará la prohibición de fumar frente a menores o en espacios públicos? No parece haber una respuesta cierta sobre estas y otras interrogantes.

Si bien esta resolución de la Corte es histórica –nadie puede negarlo-, al analizarla más a fondo da la impresión de que se complicó más el tema, pues ahora estamos ante supuestos permitidos legalmente que, para materializarlos, se requiere cometer uno o varios delitos o, en el mejor de los casos, que no tienen soporte normativo que permita su efectiva garantía.

Es por ello que el proceso legislativo toma una mayúscula relevancia, porque solamente a través de una ley que atienda el fenómeno de manera integral y que despenalice ciertos aspectos relacionados con el consumo lúdico de la marihuana, se podrá acceder a un estado real de garantía del derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Pero este proceso se complica cuando el presidente López Obrador declara en su conferencia “mañanera”, que no está de acuerdo con los términos de la Declaratoria y que, de ser necesario, enviaría una iniciativa para evitar la regulación administrativa y despenalización del consumo lúdico. Si el propio presidente de la República tira la línea de no avanzar en el ámbito legislativo, es bastante obvio lo que veremos en el Congreso de la Unión, dominado por el partido del presidente, MORENA.

Más allá de las filias y fobias del presidente López Obrador, el Congreso de la Unión está obligado a legislar en esta materia, pues su inacción, aunado al limbo creado por la Declaratoria General de Inconstitucionalidad y la poca información confiable que le llega a la población, va a ser el caldo de cultivo perfecto para que los ministerios públicos se llenen de casos de personas que creyeron que con esta Declaratoria ya tenían luz verde para consumir cannabis.

Puedes conocer más del autor en su cuenta de Twitter: @CLopezKramsky

 

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