Opinión

¿Liberar personas de las prisiones por decreto?

El presidente debería concentrarse en políticas públicas que beneficien de manera generalizada en lugar de aventar bombas de humo para ganar popularidad.
jueves, 29 de julio de 2021 · 18:53

Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador revolucionó las redes sociales desde muy temprano al anunciar que emitirá un decreto mediante el cual liberará a personas privadas de su libertad en centros federales de reinserción social. El presidente destacó que su decreto se concentrará en liberar a las personas que tengan más de 10 años en prisión que no hayan cometido delitos graves, ni de sangre, que aún no hayan recibido sentencia; a los adultos mayores de 75 años; a los mayores de 65 años con afectaciones graves a su salud y a quienes hayan sido víctimas de tortura.

El presidente López Obrador tiene un tema de oro en las manos, pero todo indica que la demagogia que lo ha caracterizado también va a dominar en esta ocasión. ¿Por qué afirmo esto?, analicemos la situación: las cifras que la Presidencia de la República aporta son contundentes: en México hay 220,114 personas privadas de su libertad en prisiones federales o locales. De éstas, 94,547 están recluidas sin haber sido sentenciadas; el 93% de estas personas son hombres y el 7% son mujeres.

Pero de ellas, solo 12,358 están privadas de su libertad sin sentencia, por haber sido imputadas por la posible comisión de delitos federales. El resto, 82,189, lo están por la posible comisión de delitos de fuero común que no podrán beneficiarse con el decreto del presidente.

Esto ya nos da una idea de la magnitud del problema, pero también del impacto que tendrá el decreto que piensa emitir el presidente. Su universo de atención será mucho menor a las 12,358 personas con procesos penales del fuero federal, es decir, solo atenderá una pequeña parte del fenómeno. Sin duda alguna para quienes sean liberados habrá un mundo de diferencia, pero el presidente de la República debería concentrarse en políticas públicas que beneficien de manera generalizada y permanente, en lugar de aventar bombas de humo a los medios de comunicación para ganar popularidad.

Por eso mencionaba hace unos párrafos a la demagogia. Si el presidente tiene la convicción de avanzar hacia un modelo penitenciario más adecuado, respetuoso de los derechos humanos, que privilegie la reinserción social, que fomente la reparación del daño, que atienda adecuadamente los derechos de las víctimas, que procure que la sanción sea un vehículo para generar bienestar social y no para producir una carga fiscal para el Estado, entonces el presidente tiene la idea correcta, pero tiene la mira bastante más que perdida.

Si el presidente logra apuntar mejor, podría lograr un avance significativo en la materia, pero para ello tiene que admitir que estas liberaciones por decreto no son la vía adecuada. Presidente, si usted en realidad quiere provocar una mejora en materia penitenciaria, entonces lo que tiene que hacer es fortalecer el sistema penal acusatorio, disminuir al mínimo los delitos que merecen prisión preventiva oficiosa y aceptar un cambio de paradigma en materia penal. Explico esta última parte.

Es ampliamente conocido que el Derecho Penal debe ser considerado como la ultima ratio, es decir, la última medida a tomar para dirimir controversias, para mantener la paz social y para sancionar conductas antisociales. El Derecho Penal con sanciones privativas de la libertad debería ser utilizado, por sus graves consecuencias en la vida de una persona y familia, solamente para casos graves, pero en México, por el contrario, ha crecido la costumbre de generar tipos penales con penas de prisión para casi cualquier conducta antisocial.

¿Cómo cambiar el paradigma, presidente? Pues con reformas legales. Si usted, en lugar de emitir decretos presenta una iniciativa para reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como el Código Penal Federal y leyes con delitos especiales, tendría un impacto mayúsculo. ¿Qué podría reformar? Pues, por ejemplo, i) que para los delitos con media aritmética menor a cinco años exista siempre una primera sanción pecuniaria (multa) o de trabajo en beneficio de la comunidad y solo en casos de reincidencia, aplicar las penas de prisión; ii) permitir que el indulto por violaciones a derechos humanos no requiera de sentencia firme y de haber agotado todos los recursos legales, sino que pueda otorgarse cuando se comprueben las violaciones a derechos humanos; iii) ampliar y fortalecer los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, entre otras varias reformas que podría promover.

Sin duda se ha avanzado en los últimos 13 años, pero aún nos falta cambiar por completo el paradigma y dejar de colocar en el centro de la convivencia social al Derecho Penal. Las cárceles no deberían ser la regla, sino la excepción. Lo tiene en sus manos, presidente.

Puedes conocer más del autor en su cuenta de Twitter: @CLopezKramsky

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