Chile ha iniciado un debate histórico para la confección de su nueva Constitución. La primera carta fundamental nacida en democracia reemplazará a la aprobada durante la dictadura en 1980 y será redactada por una convención de 155 miembros elegidos en mayo pasado. Por primera vez en una asamblea constituyente, mujeres y hombres se encuentran representados paritariamente -77 y 78 respectivamente- mientras que 17 escaños están ocupados por las diez naciones originarias del país andino. Nunca antes los pueblos indígenas tuvieron una presencia tan nutrida y legítima en una gestación constitucional. Elisa Loncón -de origen mapuche- será la encargada de conducir los trabajos y se reconozca la composición plurinacional de Chile. Esta académica -doctora en Humanidades por la Universidad de Leiden- está convencida de que compartir el poder de decisión con los pueblos originarios es una deuda ancestral que debe ser subsanada para renovar la conciliación de la república.

Los temas que deberá definir el órgano constituyente ya están sobre la mesa. Los derechos sociales garantizados como la salud, educación y seguridad social son una prioridad. Se tiene un amplio consenso por incorporar los de segunda generación como la impostergable protección al medio ambiente -el país del Cono Sur es uno de los países más vulnerables al cambio climático con evidentes y frecuentes desastres naturales- y la no discriminación.

Es necesario que en la discusión e instrumentación del ordenamiento jurídico no se pasen por alto los logros económicos de la sociedad chilena, que vio cuadruplicado su ingreso per cápita en cuatro décadas posicionándolo como el más alto en América Latina. La reducción de la pobreza también es un referente regional –disminuyó de 45% a 8%- y la esperanza de vida aumentó de 69 a 79 años, entre otros considerables avances.

El gran desafío supone deliberar en democracia y construir la sexta república chilena en paz, de combinar los principios y valores de la democracia con la energía y sensatez que se necesitan para construir una nueva constitución, en momentos en que la región vive tensiones crecientes por los ataques al equilibrio de poderes y a la libertad de expresión.

Los convencionales tienen hasta un año para concebir el texto y no sólo deben resolver temas de contenido. Su legitimidad depende en gran medida de la participación social, por lo que resulta imprescindible encontrar un mecanismo de diálogo y puertas abiertas a la ciudadanía en todo el proceso.

Dignidad fue el término elegido por los movimientos sociales durante 2019 y 2020. Hoy el país andino se encuentra ante una oportunidad histórica de construir una sociedad más cohesionada y justa. En palabras del legendario cantautor chileno Víctor Jara “en conciencia y unidad, con respeto y libertad, dignidad y educación, un nuevo pacto social que funde el clamor del derecho de vivir en paz”.

Puedes conocer más del autor en su cuenta de Twitter: @AGuerreroMonroy

 

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