Opinión

La consulta y el Estado de Derecho

La próxima consulta que se llevará a cabo el primero de agosto. Esta consulta será organizada por el Instituto Nacional Electoral.
jueves, 24 de junio de 2021 · 20:13

Esta semana empezó a destacar en los medios de comunicación la próxima consulta que se llevará a cabo el primero de agosto. Esta consulta será organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) y, de acuerdo con lo que se ha hecho público, implicará la instalación de 50 mil urnas para recibir la votación, a lo largo y ancho del territorio nacional. La pregunta que estará en la boleta será la siguiente:

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”

De entrada, hay que decir que la pregunta es tan general y puede tener tantas interpretaciones que difícilmente habrá dos personas que entiendan lo mismo al leerla. Esto ya representa un gran desafío, pues es altamente probable que mucha gente, al sentir que el tema está tan alejado de su realidad cotidiana, decidirá no acudir a las mesas receptoras de la votación.

En segundo lugar, la consulta tiene un enorme problema por salvar: la Ley Federal de Consulta Popular establece que para que el resultado de la consulta sea vinculatorio, es decir, obligatorio para las autoridades, debe haber una participación de al menos 40% de las personas inscritas en la Lista Nominal de Electores, la cual cuenta con alrededor de 93.5 millones de ciudadanas y ciudadanos. Esto implica que para que el resultado de la consulta obligue a las autoridades a llevar a cabo las “acciones pertinentes” que se establecen en la pregunta, será necesario que vote algo así como 37.5 millones de personas, lo que simple y sencillamente parece imposible.

Un tercer punto difícil de salvar es la contraposición entre esta consulta y la vigencia del Estado de Derecho. El Estado de Derecho, en palabras llanas, consiste en la vigencia y respeto de las disposiciones contenidas en las normas jurídicas, es decir, en las leyes. Esto implica que cuando una persona viola las leyes se hace acreedora a una sanción, la cual puede ser, incluso, privativa de la libertad. Para sancionar a estas personas que violan el régimen jurídico se crean diversas autoridades, entre las que se encuentran, en el ámbito penal, las policías, las fiscalías y los juzgados penales.

Lo que exige el Derecho es que cuando alguien viola una norma penal, el Estado debe ejercer la acción penal, solicitar a un juez que declare su culpabilidad y lo sentencie. Si bien existen algunos mecanismos que la propia ley contempla, la regla general es que ninguna autoridad ministerial o judicial puede decidir no ejercer la acción penal o no dictar sentencia condenatoria, si cuenta con pruebas de que se cometió un delito y de que dicha comisión es atribuible a una persona determinada.

Lo que está sucediendo es que el presidente Andrés Manuel López Obrador está supeditando la investigación de estas “decisiones políticas”, que no necesariamente constituyen delitos y, en su caso, la sanción a los ex presidentes de la República, a que la población decida si se llevan a cabo las “acciones pertinentes”, lo que no tiene sentido alguno en un Estado Democrático de Derecho. Me parece que, en este contexto, el adjetivo que mejor define a esta consulta es despropósito. Le adelanto, ningún ex presidente irá a la cárcel por esta consulta.

Pero el presidente López Obrador tiene una visión distinta de las cosas, pues a pesar de que no tenga utilidad práctica alguna en la realidad, la consulta le dará la posibilidad de estar en medios de comunicación durante un mes y una semana, difundiéndola y aprovechando el foro para continuar polarizando a la población. Al final, sea cual sea el resultado de la votación, el presidente se adjudicará a sí mismo un triunfo, al haber otorgado al pueblo bueno y sabio una decisión de enorme relevancia para la República. Evidentemente nadie fuera de él y su base creerán tal disparate, pero a veces se nos olvida que el presidente López Obrador no habla con nosotros, sino solamente con su público, con sus seguidores, con sus devotos, aunque eso nos cueste a todos varios cientos de millones de pesos.

Puedes conocer más del autor en su cuenta de Twitter: @CLopezKramsky

 

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