La disputa por la Corte

En las últimas semanas, el Poder Judicial de la Federación ha estado en el ojo del huracán. Como pocas veces en mucho tiempo, la judicatura se ha visto envuelta en complejos procesos que parecen darse en múltiples pistas y que, a lo lejos, parecen inconexos, pero que en realidad están íntimamente relacionados. Lo cierto es que está en curso un gran movimiento que va a transformar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los jueces federales, y eso va a dar paso a una nueva era judicial. Lo incierto es qué era judicial va a consolidarse.

El 11 de marzo se publicó la reforma constitucional más importante al Poder Judicial de la Federación desde 1994. El objetivo de esta reforma es fortalecer a la Suprema Corte como un verdadero tribunal constitucional, quitándole la carga de conocer y resolver asuntos que no involucren un problema de constitucionalidad o de derechos humanos, pero, para lograrlo, se cambian muchas reglas que parecían inmutables; quizá la más importante de ellas es la adopción de un nuevo sistema para integrar jurisprudencia.

Hasta la actualidad, la jurisprudencia, que en palabras llanas es un cúmulo de decisiones de los tribunales federales o de la Corte, que son obligatorias para todos los órganos del Poder Judicial de la Federación, se integra, fundamentalmente, por la repetición de sentencias. Si se juntan cinco sentencias con el mismo razonamiento, se convierte en jurisprudencia. A partir de la reforma, la Corte abandonará este sistema y adoptará uno basado en criterios o precedentes, en el que una sola sentencia que cumpla con cierta votación en el Pleno o en las salas, se adoptará como un parámetro obligatorio para todo el Poder Judicial de la Federación y para los poderes judiciales de las entidades federativas.

Con esto, la Corte va a tener la posibilidad de influir directamente en prácticamente todos los ámbitos de la vida nacional, pues sus criterios serán obligatorios para todos los jueces en el país. Esto es fantástico para los derechos humanos, pero sin duda va a causar un cambio de paradigma judicial con pronóstico reservado.

Pero mientras este proceso de reforma constitucional toma forma, de manera paralela se ha dado una aparente disputa entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, debido a las suspensiones provisionales que han dictado dos jueces de distrito en materia administrativa, especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, que detuvieron los efectos de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, recientemente aprobada por el Congreso de la Unión.

Hay que recordar que esta reforma es vital para el presidente de la República y, por ello, durante el proceso legislativo, pidió a los legisladores de MORENA, que tienen mayoría en ambas cámaras, que no le movieran ni una coma. Los legisladores cumplieron y le aprobaron su reforma a pesar de que los expertos argumentaban que esta modificación violaba la Constitución. Lo que era natural es que los afectados con la reforma interpusieran juicios de amparo para defenderse y, en consecuencia, que les otorgaran dichas suspensiones. Hasta ahí todo está dentro de la normalidad.

Algunos días después de que se otorgaran las suspensiones provisionales, el presidente López Obrador envió una carta al ministro presidente de la Suprema Corte para solicitar que el Consejo de la Judicatura Federal investigue a uno de los jueces que otorgó las suspensiones y, el ministro respondió, como era de esperarse, que su queja se turnaría al área competente para determinar si existen elementos para una investigación.

Muchos acusan al ministro presidente de ser débil, pues esperaban que saliera a batirse a duelo con el presidente de la República para defender la autonomía judicial, pero lo que no observan es que eso daría pie para que López Obrador arremetiera contra los jueces en el momento más frágil de la Corte en décadas, lo que pondría en riesgo el delicado equilibrio que, con alfileres, está sosteniendo el ministro Zaldívar, en medio de un escenario muy complejo, con una Corte dividida en al menos dos grandes grupos de ministros, con una reforma al poder judicial en proceso y con expedientes cada vez más complicados por la beligerancia del Poder Ejecutivo Federal.

Zaldívar no la tenía fácil

Enfrentarse a López Obrador podía desatar a aquél que se negó a cumplir una sentencia judicial, desencadenando un proceso de desafuero que casi rompe al poder judicial. Zaldívar evitó esa opción y, en respuesta, el 17 de marzo, López Obrador presentó ante el Senado una mega iniciativa para expedir la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la nueva Ley de Escuela Judicial y para reformar la Ley de Amparo, la Reglamentaria del artículo 105 de la Constitución y otras más. ¿Sería la presentación de esta iniciativa una forma de agradecer la deferencia del ministro al responder la carta dos días antes? ¿Habrá logrado Zaldívar su cometido de asegurar la reforma al poder judicial? Más pronto que tarde lo sabremos.

Puedes conocer más del autor en su cuenta de Twitter: @CLopezKramsky

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