Estado, qué es y cómo lo estudiamos

Como cada que se acerca una elección, los candidatos, funcionarios y textoservidores se vuelven enlodadores de tiempo completo. Las acusaciones son siempre semejantes, aunque cambian los nombres: fulano estuvo contratado por la empresa mengana (no importa cuándo); sutano no puede ser objetivo, porque alguien (quien sea) le paga por sus opiniones o por sus estudios. Si nadie le paga, es peor (¿pues de qué vive, este, si nadie le paga?). Creo que es una de tantas manifestaciones de la esquizofrenia que nos provoca vivir sociológicamente pero pensar jurídicamente, y hablo de todos, no solo de los sociólogos o de los abogados.

Lo anterior no solo tiene importancia teórica, sino muy presente y práctica. Me explico: tenemos un concepto normativo de Estado, y así lo estudiamos, pero nos relacionamos con el Estado que realmente tenemos. El primero es una estructura jurídica ordenada, predecible, con esferas competenciales bien definidas, que además, por exclusión, nos permite distinguir entre interés público y privado, e identificar a los representantes de uno y otro. Las cosas son bastante más grises, y creer que la definición teórica admite comprobación empírica, al menos en México, genera leyes idiotas, presupuestos de egresos inoperantes, y deja al margen de la ley los acuerdos reales que celebra el poder político con las élites, pero también con los estratos populares relevantes. La política, que siempre es necesaria y suele ser bastante más realista para lidiar con los problemas, se oculta con vergüenza en acuerdos de estacionamiento mientras los políticos y los capitales simulan el derecho a plena luz del día, y los expertos se preguntan, todos los días, porqué nada funciona como “debería”. 

El tema fundamental es, hoy, la comprensión de los límites del Estado pero también de su formación continua, porque donde hay recursos colectivos y personas que pueden decidir sobre ellos, hay Estado, aunque no se parezca en nada al de nuestras definiciones jurídicas. Joel Migdal nos demuestra que el poder público es uno entre varios, que compiten por hacer valer la primacía de sus normas por sobre el resto de las que existen en una sociedad, como las religiosas, familiares y consuetudinarias; y si bien a veces lo logra, muy frecuentemente también sale derrotado. Esto  no sucede solamente en países periféricos; le ocurre a las grandes potencias frente a países y particulares precarios a quienes deberían tener la capacidad de someter fácilmente, pero no la tienen. Si se sabe buscar, todas las potencias tienen su Vietnam; o cambiamos nuestra definición de Estado Fallido o todos lo son. 

Beatrice Hibou nos pinta un fresco interesantísimo del continente africano, donde las elites locales han forjado alianzas con empresas extranjeras respetables, con oficinas en Londres y París, para aprovecharse de los recursos de naciones enteras con una mano mientras con la otra llevan a cabo programas de supuesta modernización o intermediación privada para combatir la corrupción. De la misma manera que reconocer los límites de la soberanía de los Estados no los vuelve impotentes, la privatización de funciones públicas primigenias no necesariamente implica el debilitamiento de la entidad estatal. Muy al contrario, le permite descargarse financieramente, diluir responsabilidades y, cuando las circunstancias lo requieren, utilizar su imperio para derrocar viejos miembros de las élites económicas y crear nuevos. Nada de esto es agradable, pero  conviene cambiar nuestras categorías si queremos entender algo, e ir más allá de las lamentaciones y de las simulaciones. 

Puedes conocer más del autor en su cuenta de Twitter: @IsraelGnDelgado

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