Vacunación obligatoria es una intromisión estatal que vulnera la autonomía de las personas

¿Debe ser obligatoria la vacunación contra la covid-19? Esta simple idea debe haber provocado irritación en varios sectores que consideran que la vacunación en contra de cualquier enfermedad no debe ser una obligación y que se oponen, incluso a través de movimientos bien organizados, a la inoculación de cualquier vacuna. Para estas personas, la vacunación debe ser un derecho y no una acción forzada, pues cada persona tiene la libertad de decidir qué hacer con su cuerpo y decidir qué sustancias se inyecta y cuáles no.

A esas personas que se oponen les pido que me permitan coincidir en algunos puntos de su argumentación y diferir en otros, tomando en consideración solamente lo que establece nuestra legislación en la materia, es decir, sin incluir ninguna postura u opinión personal y subjetiva.

Coincido con los opositores a la vacunación obligatoria en que la vacunación es un derecho que tiene toda persona en nuestro país y que está consagrado en el artículo 157 Bis 1, primer párrafo, de la Ley General de Salud y, por tal motivo, cada persona determina si lo ejerce o no, con total libertad, siempre y cuando no existan otras circunstancias que limiten esa prerrogativa, tales como razones de orden público, sanitarias o de seguridad nacional, o que existan otros derechos que se le contrapongan y tengan una mayor ponderación, tal como el interés superior del menor.

Bajo esta perspectiva es legítimo y legal oponerse a recibir vacunas por razones o motivos personales y, de hecho, esta libertad para decidir sobre la vacunación es ejercida de forma muy frecuente. Dos ejemplos muy claros son la vacuna contra la influenza, sobre la cual mucha gente tiene reservas y evita inocularse cuando llega la temporada de invierno, y la del tétanos, pues muchas personas no creen que puedan enfermar después de haberse pinchado con algún metal y deciden, con libertad y autonomía absoluta, si se inoculan o no la vacuna.

Pero hay otros casos en los que surge la duda sobre si debería ser necesario que todos recibiéramos la vacuna, como, por ejemplo, en contra de la covid-19. Es cierto, aún no tenemos vacunas en el país y quizá pase un buen tiempo antes de que haya suficientes para todos, pero la pregunta ya está en el aire: ¿debería ser obligatorio que todos nos vacunáramos en contra de la covid-19? y, si fuera obligatorio, ¿qué sanciones deberían aplicarse a aquellos que no lo hagan?

Antes de que me digan que líneas atrás se dejó en claro que la vacunación es un derecho, hay que recordar que también en esas líneas se dijo que ese derecho puede verse limitado en circunstancias especiales y la pandemia de covid-19 es, seguramente, una condición más que especial que amerita el análisis.

La Ley General de Salud nos da la respuesta normativa en sus artículos 144, 157 Bis 1, segundo párrafo, 404, fracción IV y 408, fracciones I y II. El primero de esos artículos establece que la vacunación es obligatoria contra enfermedades transmisibles que sean prevenibles por ese medio de inmunización, es decir, al ser la covid-19 una enfermedad transmisible y que puede prevenirse con la vacuna, entonces estaríamos todos obligados a inmunizarnos.

¿Qué pasa si la Secretaría de Salud determinara que la vacunación contra la covid-19 es obligatoria y nos negáramos a inmunizarnos? La propia ley establece en sus artículos 404, fracción IV y 408, fracciones I y II, que pueden dictarse medidas de seguridad sanitaria y que una de esas medidas es la vacunación obligatoria en contra de enfermedades transmisibles y en caso de epidemias graves.

Además, también es obligatorio para los padres, tutores o quienes sean responsables de menores o incapaces, tomar todas las medidas necesarias para que estos reciban las vacunas contenidas en el Programa de Vacunación Universal, es decir, existe la obligación, no del menor pero sí del padre o tutor, de procurar su vacunación.

Con esto es evidente que la ley sí establece que es obligatoria la vacunación en ciertos casos y, la pandemia de covid-19 cumple con todos los requisitos de dichos supuestos. Podría discutirse si esas disposiciones legales violan derechos como al libre desarrollo de la personalidad, pero eso tendría que ser resuelto por los jueces federales a través de juicios de amparo. Podría sustentarse también que la vacunación obligatoria es una intromisión estatal que vulnera la autonomía de las personas, así como sus sistemas morales y éticos, pero ello rebasa por mucho el alcance de esta columna. Ambos supuestos son muy interesantes y plantean una discusión compleja y profunda, con argumentos en pro y en contra, y nos urgen a no ignorar que los problemas legales, de ponderación, morales y éticos, están ahí, como el elefante en la sala que nadie quiere ver, y todavía no tenemos una respuesta certera.

Puedes conocer más del autor en su cuenta de Twitter: @CLopezKramsky

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