El peor de los mundos

La defensa de los derechos humanos ha sido siempre una labor muy complicada. Las víctimas de violaciones a derechos humanos no solamente tienen que luchar en contra de las autoridades que violan sus libertades, sino, además, en México, deben pelear día tras día con las instituciones que están creadas por la ley para defenderlas y protegerlas. En México no basta contar con una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o con una resolución firme dictada en un juicio de amparo para acceder a la justicia. En México, las instituciones que deben cumplir con estos instrumentos jurídicos son las primeras en violarlas.

¿Qué caso tiene contar con una institución como la CNDH si su labor de investigación y de determinación de violaciones de derechos se queda en un mero papel que no tiene fuerza para obligar a nadie a reparar el daño? El diseño normativo de los organismos públicos defensores de derechos humanos tiene un gran defecto, pues sus determinaciones no tienen carácter vinculante, por lo que, en caso de que la autoridad violadora no desee aceptar la recomendación o la conciliación propuesta, entonces, se vuelven literatura barata sin trascendencia.

En este punto podrá discutirse si teóricamente las consideraciones y argumentos vertidos en una recomendación son valiosos por sí mismos, pero en la práctica, a la víctima, lo que le importa en el fondo es que se le reconozca como tal, se le atienda por el Estado, se le repare de forma integral el daño y que se adopten medidas de no repetición.

En octubre de 2020, la CNDH emitió la Recomendación 51/2020, dirigida a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), derivada de actos atribuibles a servidores públicos de esa CEAV, que violaron diversos derechos a personas en situación de víctima que estaban bajo su atención y a quienes se les prometió una reparación integral del daño y medidas de ayuda, tal y como lo establece la ley, pero, esas promesas nunca se cumplieron.

La CNDH documentó las violaciones en el expediente de queja y, después de un largo y tortuoso camino, emitió dicha recomendación, remitiéndola a la CEAV para requerir su aceptación formal. La CEAV simple y sencillamente omitió responder si aceptaba o no la recomendación, dejando en ridículo a ese ombudsman nacional, por su incapacidad para imponer sus determinaciones. Este caso no es el único, pues solo en el año 2020, la Comisión Nacional del Agua se negó a aceptar la recomendación 1/2020; el Ayuntamiento de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, no aceptó la 17/2020; el gobernador de Chihuahua no aceptó la 18/2020 y la 20/2020; el Instituto Nacional de Migración no aceptó la 34/2020 y, el gobernador de Guerrero no aceptó la 41/2020.

En el caso de la 51/2020, la CEAV ni siquiera ha respondido si la acepta o no, lo que además plantea un desdén aún mayor, pues indica que la CNDH no tiene fuerza suficiente ni siquiera para obtener una respuesta cierta sobre el destino de sus recomendaciones.

Estas negativas muestran que la CNDH ha caído en una crisis para imponer sus determinaciones, lo que vulnera gravemente los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos, pues es de público conocimiento que, por el otro lado, la CEAV, desde hace años, se ha dedicado a litigar los derechos de las víctimas en lugar de protegerlos y garantizarlos.

Si ambos extremos (el gubernamental y el autónomo) de la atención institucional a víctimas no funcionan, entonces ¿cómo podrán defenderse las personas que han sufrido un delito o una violación a sus derechos humanos? ¿cómo podrá garantizarse en México el derecho de acceso a la justicia?

En medio de todo este caos hay un actor clave que, ya en otras ocasiones, hemos señalado, al menos, como ausente: el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Alejandro Encinas Rodríguez. ¿Es la SEGOB, a través de la oficina del subsecretario Encinas la responsable en el gobierno federal de velar y garantizar los derechos humanos? Sí, pero su ausencia es tal que parece negligencia y esa negligencia se ha vuelto, incluso, criminal. La propia SEGOB está tomada desde hace casi 100 días por víctimas de desaparición, de la Guardería ABC, de abusos por parte de militares, etcétera.

En este panorama desolador, en el que la CNDH encabezada por Rosario Ibarra Piedra, la SEGOB a través de Alejandro Encinas Rodríguez, y la CEAV, que ni siquiera tiene titular desde hace casi un año, se han convertido en la némesis de las víctimas, las más de 22 millones de víctimas anuales están en el peor de los mundos.

Puedes conocer más del autor en su cuenta de Twitter: @CLopezKramsky

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