Hacia una economía circular

Este jueves 04 de noviembre, el Senado de la República incluyó en su Gaceta Parlamentaria, la discusión de dos dictámenes que han tenido un largo proceso legislativo y que han despertado tanto apoyos como reproches; se trata de los proyectos de reforma a la Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos y que expide la Ley General de Economía Circular. Ambos proyectos tratan de avanzar en una línea definida: es necesario empezar la transición de una economía lineal a una economía circular.

Como en todo proyecto legislativo, existen voces que apoyan completamente los proyectos, otras que los rechazan por completo y otras más que encuentran en ellos aportaciones valiosas a pesar de que no logran avanzar del todo en el objetivo que tienen planteado. Este que escribe está en el último supuesto, porque, aunque reconozco que la aprobación de estos dictámenes será un paso gigante para el país, también hay que admitir que podrían haber ido un poco más allá de lo que plantean.

En el proceso legislativo, como en la vida, no hay blancos ni negros absolutos; siempre estamos ante un gran entramado de grises que se acercan o se alejan de los objetivos planteados para cada proyecto normativo, dependiendo de las negociaciones y de las mayorías que se construyan. A partir de ahí hay que analizar estos dictámenes.

Una constante en México desde el inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador es la mal entendida austeridad. El Gobierno Federal ha intentado, con bastante éxito, ahorcarse a sí mismo, disminuyendo los recursos presupuestales que deberían ser utilizados para garantizar los servicios públicos y eso ha permeado en el Poder Legislativo Federal. Por ello, los proyectos legislativos que se han procesado y que han transitado en el Congreso de la Unión han sido rasurados, disminuyéndolos a su mínima expresión.

Las premisas del Grupo Parlamentario de MORENA tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado son: i) no autorizar la creación de ninguna estructura orgánica y ii) no autorizar la erogación de un solo peso partido por la mitad.  En estas condiciones es imposible que las leyes que se aprueben en el Congreso de la Unión tengan posibilidades reales de ser implementadas y de generar el impacto querido. Las leyes no son meros documentos, pues tienen una manifestación en la realidad que provoca o inhibe conductas o acciones. El Derecho en este sentido es, como dirían los Ius Realistas, el Derecho Vivo.

En este punto es donde los dictámenes de estos proyectos legislativos encontraron una pared inexpugnable. Avanzar hacia una economía circular implica la inversión de cuantiosos recursos, tanto por parte de los entes privados, de los consumidores de productos y de los gobiernos de todos los órdenes de gobierno. Los materiales que se convierten en residuos no se van a reintegrar a otros procesos económicos y productivos por sí mismos y de manera autónoma; hace falta crear infraestructura, planes, mecanismos de rediseño, prevención, reutilización, recolección o reciclaje que no se crean de la noche a la mañana.

Aquí es donde la responsabilidad compartida de todos, empresas, gobiernos y sociedad, cobra un papel fundamental, pero, incluso más importante, es la consolidación del principio de responsabilidad extendida del productor, que impone cargas a quienes producen o manufacturan productos, con el afán de que ellos no se conviertan en residuos.

¿Los proyectos avanzan en este aspecto? Sí, definitivamente dan un paso en la dirección correcta, pero no logran consolidar un esquema que parezca del todo viable, en especial porque concentran en la Federación el control de todo lo concerniente con los planes de economía circular, menospreciando lo que tienen que hacer las entidades federativas y, sobre todo, los municipios. Aquí es donde creo que está el punto más débil del proyecto.

Pero esto es un primer paso y tenemos que reconocer que se está dando el paso posible y no el deseado. No obstante, es mejor dar este paso hacia adelante y después ir corrigiendo que quedarnos en el mismo lugar en el que hemos estado desde hace 20 años.

Además, afortunadamente algunas legislaturas de entidades federativas, como la de Quintana Roo y recientemente la de Querétaro, han aprobado leyes que inician la transición hacia la economía circular, lo que va a contribuir a que el diálogo parlamentario se vaya nutriendo conforme exista mayor experiencia en la implementación de estos esquemas.

Transitar a una economía circular nos va a llevar décadas, pero el camino siempre inicia con el primer paso. Este paso está a punto de darlo el Congreso de la Unión y me parece que es muy rescatable; nos quedará la responsabilidad, una vez que tengamos una nueva legislatura en 2024, de continuar impulsando mejoras en el tema. 

Puedes conocer más del autor en su cuenta de Twitter: @CLopezKramsky

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