Deuda histórica, compromiso regional

El pasado 25 de noviembre se celebró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en honor a las hermanas Mirabal, activistas dominicanas que fueron encarceladas, violadas, torturadas y finalmente asesinadas, por el gobierno del dictador Rafael Leónidas Trujillo, el mismo día de 1960. Quien guste de la literatura puede leer dos novelas que captan el horror de ese período con especial sordidez:  La Fiesta del Chivo, de Mario Vargas Llosa y La Maravillosa Vida Breve de Óscar Wao, de Junot Díaz.

Sesenta años después, la violencia de género sigue siendo uno de los problemas  predominantes en América Latina. El Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL reportó que, tan sólo en 2020, al menos 4 091 mujeres fueron víctimas de feminicidio en Latinoamérica y el Caribe. Aunque el feminicidio sea su más drástica expresión, la desigualdad de género está impresa en las propias raíces de la estructura social, y se hace presente en todos los ámbitos de la vida de las mujeres, en forma de violencia familiar, sexual, reproductiva, laboral, económica, política e institucional.

Afortunadamente, en los últimos años, la concientización de la violencia contra la mujer ha ganado terreno en la sociedad, y ésta ha comenzado a exigir al Estado, en todo el mundo, que implemente medidas para su erradicación, por medio de diversos movimientos sociales. Las políticas públicas en materia de género ya forman parte de todas las agendas gubernamentales. Tan sólo el Banco Interamericano de Desarrollo, por medio de su programa de Préstamos Programáticos de Apoyo a Reformas de Política, aprobó, en el marco ésta celebración, un préstamo por 150 millones de dólares, para promover la igualdad de género en Panamá. Por medio de éste, se implementarán acciones que garanticen un mejor servicio a víctimas de violencia de género, y el acceso a oportunidades igualitarias para las mujeres para su desarrollo integral, con especial énfasis en aquellas que vivan en mayores condiciones de vulnerabilidad, y con esto, se reforzará la institucionalidad del género en el país. Ésta acción es significativa y ejemplar para Latinoamérica, pues, de acuerdo con la CEPAL, Panamá fue el país que registró el mayor aumento en feminicidios durante el 2020.

Es imposible construir un país desarrollado y sostenible donde no se garantice la protección de todas las personas, y estoy convencida de que, mientras la violencia contra la mujer no se haya erradicado, no puede decirse que existe un pleno Estado de Derecho. Es una posición difícil para las autoridades, pero la naturaleza misma de la democracia implica que a todos los avances legislativos y de políticas públicas, siguen inmediatamente nuevas demandas y pendientes en la agenda ciudadana. En México, tenemos conquistas significativas que han tomado tiempo y esfuerzo. Con la implementación de la paridad laboral, la Ley Ingrid y la Ley Olimpia –deben su nombre a víctimas emblemáticas de la violencia de género del país-, y la introducción de la perspectiva de género en los métodos de impartición de justicia, se ha ido combatiendo ésta problemática. Por supuesto, aún queda mucho camino por recorrer, y nadie debe dormirse en sus laureles.

Puedes conocer más del autor en su cuenta de Twitter: @AnaCecilia_Rdz

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