Los pendientes legales en México para combatir el Cibercrimen

Desde el año 2001, en Budapest, fue aprobado por el Consejo de Europa el «Convenio Sobre la Ciberdelincuencia» [Convenio de Budapest]. Este instrumento precisa su necesidad, ya que establece herramientas legales para prevenir, de mejor manera, los actos que ponen en peligro la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, de los sistemas, redes y datos informáticos, así como el abuso de dichos sistemas, garantizando la tipificación de delitos dichos actos.

Este Convenio fue diseñado como tratado un abierto, ya que permite tanto a la firma de Estados miembros del Consejo de Europa, como los Estados no miembros que participaron en su elaboración, así como a la adhesión de otros Estados no integrantes de este Consejo.

A la fecha, 66 países lo han ratificado o se han adherido. Dentro de los países miembros de ese Consejo que no lo han firmado o ratificado, se encuentra Rusia; y de los que sí lo han ratificado o firmado, destaca, el Reino Unido, Suiza y España. De los países que no son parte del Consejo y que no lo han ratificado, está México, Nigeria y Guatemala; y de los que sí lo han ratificado o firmado destaca, Canadá y Estados Unidos.

En nuestro país, el cibercrimen es una clara realidad. Según información de la CONDUSEF, en el segundo trimestre del 2021, las quejas por fraudes cibernéticos llegaron a 2,745,738, lo que significa un 70% del total de los fraudes. Además, el monto reclamado de los fraudes cibernéticos ascendió a $6,532 millones de pesos y sólo se bonificó el 41%. .

Pese a que ha habido esfuerzos para que México forme parte de este instrumento internacional, esto aún no se ha formalizado, de hecho, recientemente se aprobó en el Senado un Dictamen para exhortar al Ejecutivo federal a concluir la etapa de evaluación del marco jurídico vigente, lo que, permitiría iniciar los trabajos necesarios para la adhesión de México a este Convenio.

En este dictamen se señala que, aunque existen diferentes documentos y legislación que abordan los temas relacionados con los ciberdelitos, se necesitan mayores esfuerzos para contrarrestar estas conductas delictivas. Además, este Convenio es el primer tratado internacional sobre delitos cometidos a través de internet y otros medios digitales que se centran en el fraude informático, la pornografía infantil y las violaciones de la seguridad en la red, por lo que propone una serie de “poderes” y procedimientos como la búsqueda en redes de computadoras y la interceptación y conservación de información. Por lo que, en caso de aprobarse se tendía que modificar la legislación mexicana, en especial el Código Penal Federal.

Se puede coincidir en la necesidad de que se termine el diagnóstico del marco jurídico vigente, para iniciar los trabajos de adhesión o no a este Convenio. Pero es importante poner sobre la mesa que este análisis, debe tener presente que, si se crean nuevos delitos con base a este instrumento internacional, se debe de valorar si en México esto sería pertinente con una política criminal democrática, en la que, el ius poenale debe ser la  última razón del Estado y si estos nuevos delitos limitan los DDHH en aras de la seguridad, se debe de superar un «test de proporcionalidad», para valorar si se cumple con la finalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, que esto requiere.

Puedes conocer más del autor en su cuenta de Twitter: @jfdvsmx

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