El ministro y el policía

El 9 de octubre de 2021 se dio un suceso singular, no porque sea poco común que ocurra a la población, sino por la víctima del hecho: un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese día, de acuerdo con su relato, el ministro Javier Laynez Potisek, se encontraba en Torreón, Coahuila y fue detenido por agentes de la Policía Municipal de esa ciudad. La versión policial indica que el ministro conducía un vehículo en estado de ebriedad y por ello se dio la detención.

El ministro Laynez aclaró que no estaba en estado de ebriedad cuando fue detenido; que su detención se dio fuera de cualquier reten o protocolo de alcoholímetro; y que nunca pudo hablar ni ver a un médico legista, juez, ministerio público, representante de algún organismo de derechos humanos, ni con ninguna otra autoridad que no fuera la policíaca.

Al día siguiente, para liberarlo, los familiares del ministro pagaron una fianza de seis mil quinientos pesos, que solo podía ser pagada en efectivo y de la cual no le quisieron entregar recibo o comprobante alguno.

Hasta aquí el resumen de lo relatado por el ministro Laynez en su comunicado de prensa aclaratorio. No tengo ningún empacho en creerle al ministro, ni pongo en duda su aclaración; por el contrario, solamente puedo expresar empatía y solidaridad ante tal arbitrariedad. El ministro ha demostrado durante muchos años un actuar irreprochable y, en especial, en su desempeño como integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus proyectos y criterios han sido relevantes en la construcción de un sistema hermenéutico cada vez más protector de las personas.

Pero sí hay que analizar el caso porque me parece que surgen cuestiones muy relevantes. Enumero algunas: i) En México, un policía tiene poder absoluto sobre las personas y prácticamente ningún control o contrapeso real; ii) Los policías tienen, en un gran porcentaje, poca capacitación y muchas veces nula formación; iii) El Derecho es altamente protector en la ley y en las altas esferas de los poderes judiciales, pero es ineficaz en la calle, frente a ese tipo de cuerpos policiales o frente a miembros de la delincuencia organizada; iv) La ciudadanía sufre detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas, lesiones e incluso homicidios, perpetradas por las fuerzas de seguridad de todos los órdenes de gobierno y no existe forma alguna para prevenirlas o evitarlas; y v) Si la justicia está en manos de personas que actúan arbitrariamente, entonces no existe Estado de Derecho. Hay otras muchas consideraciones, pero para efectos de este texto, es suficiente con estas para esbozar lo trágico del hecho que sufrió el ministro.

Estas consideraciones nos deben llevar a repensar y replantear el sistema policial, pues es insostenible en un Estado que tiene tantos problemas de inseguridad, no contar con una policía profesional, capacitada y respetuosa de los derechos humanos. No puede construirse confianza en los cuerpos de seguridad si estos ejercen actos arbitrarios contra la ciudadanía y ese es un eslabón indispensable para mejorar lo que actualmente tenemos.

Es, en este contexto, fundamental que existan recursos presupuestales suficientes para capacitar a los elementos de las policías, en especial de las municipales, para que puedan desempeñar su labor de manera eficiente y respetuosa de la ley. Si un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede defenderse en contra de la arbitrariedad de un oficial de policía municipal, entonces nadie puede hacerlo -al menos dentro del marco del Derecho-.

Pero el plan que existe en el Gobierno Federal, que elabora el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, y en el Congreso de la Unión dominado por MORENA, que debe aprobar dicho Presupuesto, va hacia el otro lado y plantea mantener en el abandono presupuestal a las policías municipales y encauzar una cantidad multimillonaria de recursos a la Guardia Nacional y a las Fuerzas Federales.

Si no cambiamos la estrategia presupuestal -para empezar- y seguimos manteniendo a las policías municipales sin recursos suficientes para que los elementos tengan sueldos y prestaciones dignas, equipo adecuado, capacitación suficiente, formación, beneficios sociales, sistemas de control y contrapeso, entonces los casos como el del ministro Laynez van a seguir ocurriendo, como ha sucedido hasta hoy, en total impunidad.

Es cierto, estos lamentables hechos se han dado desde siempre en México y lo que sufrió el ministro es solo uno en un universo interminable de abusos de autoridad, violaciones a derechos humanos, arbitrariedad e impunidad, pero si este caso notorio no nos sirve para replantear las cosas, estaremos condenándonos a nosotros mismos a ser víctimas potenciales de hechos victimizantes en cualquier momento.

Puedes conocer más del autor en su cuenta de Twitter: @CLopezKramsky

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