El juez por su propia casa empieza

Twitter: @AlfiePingtajo

#AbrirOMorir es el hashtag que están utilizado los integrantes de la industria restaurantera de todo el país en busca del abrir diálogo con las autoridades gubernamentales de cada estado y encontrar soluciones para una posible reapertura de espacios.

Es evidente que los restaurantes y otros espacios (gimnasios, cines, teatros, cafeterías) ya no van aguantar otro cierre tan prolongado.

El índice de desempleo ha aumentado y es otro síntoma más del Covid19. Incluso el Gobierno Federal -para tener con qué pagar las vacunas- ha despedido a personas o no les ha renovado el contrato. Allí está el sonado caso de los especialistas que trabajaban el a Fonoteca Nacional.

El ámbito cultural y la industria musical también ha sido muy golpeados durante el año pasado y lo que va de este, no sólo por la suspensión de actividades con motivo de las medidas sanitarias sino también por la falta de políticas económicas en favor de todos los involucrados.

Por eso y otras razones más, resulta ofensivo, ridículo e insensible que el Gobierno Federal carezca de empatía y siga apostando por realizar sí o sí sus grandes proyectos: Aeropuerto de Santa Lucía, el proyecto Chapultepec (que como bien ha evidenciado el MOCCAM: es más una obra de carácter público-urbano que cultural y resulta extraño que lo ejecuté el Gobierno de la Ciudad de México, cuando el presupuesto saldrá al 100% de la Secretaría de Cultura Federal) y lo más ofensivo ha sido el reciente anuncio de invertir 89 millones de pesos en la rehabilitación del estadio de béisbol donde juegan “Las Guacamayas”, cuyo directivo es ni más ni menos: Pío López Obrador.

Al inicio de la pandemia, AMLO invitó a todos los empresarios a no despedir personal ni disminuir sueldos y quienes se sumarán contarían con el apoyo de la Federación. Inclusive se comprometió a que tampoco nadie saldría despedido en ninguna área de la Federación. Empero, la Federación no evitado los despidos en sus diversas dependencias ni ha implementado políticas económicas en favor de las Pymes. Y en el marco de esta crisis, se aprobó la prohibición del outsourcing laboral en todo el país.

Sin embargo, el juez por su propia casa empieza. Para nadie es un secreto que las distintas esferas gubernamentales recurrían a la figura de: honorarios asimilados o honorarios por servicios empresariales para contratar a personal, en Cultura, por ejemplo, se llama capítulo 3000. Hoy muchos de ellos han perdido su empleo y son el personal más competente que tenía cultura, la carne de cañón de dicha dependencia. Y también, hay que decirlo: el personal más preparado con el que cuenta o contaba la Secretaría de Cultura Federal.

Para regularizar a otros, hay que empezar por casa y para eliminar un modelo hay que tener listo el nuevo. En un mundo ideal y auténticamente transformador: AMLO tendría que haber ordenado que a todo el personal de capítulo 3000 o se le diera plaza de sindicato o de confianza para no aumentar el índice de desempleo, claro eso implicaría invertir más presupuesto en el pago de seguridad social.

Y por supuesto, un auténtico gobierno transformador reconocería que sus grandes proyectos infraestructurales no son prioritarios -al menos Chapultepec y el estadio de béisbol- e invertiría todo el dinero para apoyar a los miles de empresas que están al borde de la quiebra y de los cientos de espacios escénicos que están por extinguirse con motivo de este parón de actividades. Claro, a todos, habría que ponerles una condicionante: regularizarse ante Hacienda, IMSS y demás.

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