Autonomías como medida de la democracia

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El embate constante que ha emprendido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador contra los llamados organismos autónomos representa un atentado contra los contrapesos que evitan la concentración de poder en manos del titular del Ejecutivo. El objetivo de este ataque es la vuelta a un centralismo como el que en los años sesenta y setenta de siglo XX distinguió al país: el fortalecimiento de ese Leviatán que se reserva para sí cualquier forma de control, rendición de cuentas, evaluación o medición que de manera imparcial y profesional –técnica– pudiese acotar, corregir o avalar las decisiones tomadas en diversos rubros de la administración pública federal.

En pocas palabras, prescindir de los organismos autónomos implica que el propio gobierno se convierta en el generador de toda la información, en el escrutador de sus propias decisiones y en el aval de sus propias estrategias, sin mediación o supervisión de nadie más que el mismo gobierno: yo me regulo a mí, yo me fiscalizo a mi, yo me reafirmo a mí mismo porque no hay nadie por encima de mis capacidades o conocimientos.

Pasó con dos instancias creadas a partir de las reformas educativa y energética del sexenio anterior: el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ahorcadas desde hace dos años a través de reducciones presupuestales y que hoy, a la luz de los retos que surgen en materia de educación con motivo de la pandemia, y de la importancia de contar con un modelo de desarrollo energético sustentable, demuestran su importancia para contribuir al profesionalizar dos sectores clave del desarrollo nacional.

Ocurrió también con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la estrategia para contener el COVID-19 o con los nombramientos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: el control político, la visión simplista, la estrechez de miras y la toma de estas instituciones por parte de la autoridad han dado al traste con instituciones clave para el presente y el futuro del país, hoy inmovilizadas, obstaculizadas o francamente relegadas de su otrora relevancia; la falta de estas instancias se nota, cuesta vidas, cuesta atropellos e ineficiencia que, en el caso de la salud o de los derechos humanos, llegan a ser criminales.

La misma indolencia que el propio López Obrador ha mostrado frente a los derechos humanos, a la corrupción y a la opacidad vuelve a aparecer en estos días, cuando el presidente arremete contra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) a través de la amenaza de realizar una reforma administrativa que permita al gobierno absorber las funciones de este organismo, clave en el proceso de transición democrática de inicios del siglo XX y sin duda una institución que estorba por mucho a un gobierno que sin recato engaña, miente, falsea la verdad, presenta o esconde información según su conveniencia y se vanagloria siempre que la realidad lo supera de “tener otros datos”.

Sugiere el Presidente que la Secretaría de la Función Pública sea la que, en cambio, se dedique a garantizar la transparencia y honestidad del gobierno; instancia que, desde el sexenio de Peña Nieto, ha sido tapadera, cómplice y aval de tropelías, desvíos de fondos y recursos públicos, malversación de presupuestos y otras “habilidades” que seguramente extraña buena parte de esa clase política heredera del priísmo más rancio y que hoy aterrizó en Morena para sentir que podía volver a su pasado idílico: el del control y la supervisión absolutas por parte del gobierno.

Hoy, por desgracia, se padecen las consecuencias de una transición democrática que no avanzó lo suficiente en la transformación de esas estructuras en las que la autoridad cuenta con una supervisión designada y conducida desde la propia autoridad, y ante lo que si bien se habían tenido algunos cambios a raíz de la existencia de organismos autónomos que corregían y funcionaban como observadores y escrutadores del Ejecutivo, faltaba un impulso y un compromiso mayor con la vigilancia y el acompañamiento de las autoridades por parte de instancias técnicas, objetivas y profesionales.

Importante será entonces en el mediano plazo corregir esta situación de una vez por todas desde el Legislativo, y tenerlo en claro en las plataformas y agendas que la oposición presente al electorado. Urgente es, en lo inmediato, organizar y preparar la defensa legislativa, civil, institucional y legal del INAI y otros entes que estén el la mira presidencial: su sobrevivencia y mejoramiento serán los que condicionen o impulsen la calidad de nuestra democracia.

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