Desde que comenzó su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto en entredicho el trabajo de jueces, magistrados y ministros que no comulgan con sus ideas y con su particular forma de ejercer el poder.
Desde la famosa Ley de Remuneraciones, donde se buscaba que nadie ganara más que el presidente mismo, pasando por las presiones para que renunciara el ministro Eduardo Medina Mora, y siguiendo con los cuestionamientos a las decisiones de jueces que han frenado la reforma eléctrica presidencial, el trabajo del Poder Judicial se encuentra, como nunca, a debate.
Desde la tribuna de la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha cuestionado la independencia de las decisiones de los juzgadores, sobre todo cuando estas son contrarias al interés de su gobierno.
El episodio más reciente se dio con el juez Juan Pablo Gómez Fierro quien otorgó suspensiones a empresas privadas contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica promovida por el presidente.
Por este juez, López Obrador envió una carta al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, para que realice una investigación que esclarezca la actuación del juez por la concesión de un primer amparo a dos empresas eléctricas.
Pero otros juzgadores ya otorgaron otras suspensiones por recursos legales impuestos por otras empresas del sector eléctrico que han visto afectados sus intereses por la reforma del Ejecutivo y que fue aprobada por la vía rápida en la Cámara de Diputados, sin modificación alguna.
Esto ocurre en momentos en los que el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, recibió con beneplácito la aprobación de la reciente reforma al Poder Judicial, misma que ha calificado como “la más trascendente desde 1994”.
Entre los ejes principales de la reforma está consolidar la carrera judicial para todas las categorías, a las que se accederá mediante concurso de oposición, además de limitar la discrecionalidad de nombramientos otorgados por jueces y magistrados. Para ello, se reforzarán las facultades institucionales de combate a la corrupción y al nepotismo, una de las banderas de Arturo Zaldívar.
También establece políticas que orientan las determinaciones del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en materia de adscripción, readscripción, reincorporación y ratificación de juzgadores, así como impulsar la capacitación y profesionalización de personal a través de la creación de la Escuela Judicial, antes Instituto de la Judicatura Federal, cuya responsabilidad resultará velar por la capacitación y la carrera judicial de los integrantes del PJF.
El dictamen adopta la paridad género y elimina la facultad de la SCJN para revocar los acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal.
Con esta reforma al Poder Judicial, publicada en el Diario Oficial el pasado 11 de marzo, el Ejecutivo tiene la esperanza de que el ministro presidente de la Corte trabaje ahora para convencer a sus pares para que la otra reforma, la de la industria eléctrica, no sea detenida.
¿Dando y dando? ¿Y cada cual con su reforma festejando? Lo veremos.
Puedes conocer más del autor en su cuenta de Twitter: @UZETASUM
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