El Comité contra la Desaparición Forzada

Twitter: @CLopezKramsky

En un país que no ha podido disminuir, ni prevenir y mucho menos sancionar la desaparición forzada de personas y cuyo territorio se ha convertido en un gigantesco panteón clandestino, la esperanza de cientos de miles de víctimas se ha centrado en que instancias internacionales volteen a ver sus casos, los admitan para su conocimiento y que emitan resoluciones que obliguen a las autoridades mexicanas a llevar a cabo las acciones que los tratados internacionales, la Constitución y las leyes les mandatan. La esperanza se ha centrado en que, desde fuera de nuestras fronteras, se condene a México a buscar a sus desaparecidos, a encontrarlos, a sancionar a los culpables y a erradicar este flagelo. Han sido muchos años de lucha con pocos y esporádicos frutos, pero sin duda alguna se va avanzando.

Esta semana, el Senado de la República aprobó, en la primera sesión del naciente periodo ordinario, la Declaración formulada por México que reconoce la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas. Este Comité funciona en el marco de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que es vigente en México desde el 23 de diciembre de 2010; está integrado por 10 expertos que actúan con total imparcialidad y se encarga de revisar los informes que los Estados envían en cumplimiento de la Convención, aunque también puede conocer de comunicaciones individuales, es decir, casos específicos, cuando se han agotado todas las instancias legales en el país y no se ha solucionado el asunto, o cuando ha transcurrido un tiempo superior al razonable para que las autoridades locales concluyan satisfactoriamente las investigaciones.

Esto, sin duda alguna es un triunfo para las víctimas porque durante mucho tiempo han solicitado que este Comité pueda conocer casos individuales en nuestro país y, por fin, será posible, pero debe ser ponderado en su justa dimensión y no echar las campanas al vuelo pensando que, con este reconocimiento de competencia, la situación mejorará en el país en materia de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares.

La realidad en México es que, de acuerdo con la última cifra oficial, 61mil 637 personas están desaparecidas y que, a pesar de los esfuerzos legislativos e institucionales de los últimos años, no hay capacidad humana, legal ni material, para que las condiciones actuales cambien drásticamente.

Las madres y padres de familia siguen siendo, a pesar de que ya existe una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y comisiones locales en cada estado de la república, quienes están buscando a sus hijas, hijos o familiares en predios donde se puede asumir existen fosas clandestinas y, en una gran cantidad de ocasiones, estas búsquedas se siguen llevando a cabo sin apoyo de dichas comisiones. Probablemente estas comisiones tengan la voluntad de impulsar búsquedas, pero no tienen personal ni recursos materiales para hacerlo y, ello, para miles de familias, prácticamente equivale a no tener Comisión de Búsqueda.

Por otro lado, si bien en los últimos años se han hecho esfuerzos por conocer quiénes son las personas que están desaparecidas y conformar un padrón, la realidad es que, hoy, nadie sabe a ciencia cierta en México, cuántas personas están desaparecidas. La cifra de 61mil 637 personas víctimas de desaparición forzada o desaparición por particulares es resultado de uno de varios ejercicios, que, como todos los anteriores, no contempla los datos completos de todas las autoridades involucradas en el fenómeno. Es una aproximación a la dimensión del fenómeno, pero nada más. Si no sabemos quién desapareció, ¿cómo pretendemos buscarlo?

Finalmente, si en todos los casos de estas 61mil 637 personas desaparecidas se solicitara al Comité de Naciones Unidas su intervención, este órgano se llevaría hasta cinco años o más para formular una conclusión por cada uno, lo que es un lapso muy prolongado. En caso de que su decisión fuera recomendar a México llevar a cabo la búsqueda, volveríamos al punto inicial, es decir, el asunto rebotaría a la Comisión Nacional de Búsqueda o a las comisiones locales, que sin gente y sin dinero para realizar búsquedas, se quedarían con las miles de recomendaciones en los escritorios, otra vez.

Como lo señalé antes, es un logro de las víctimas que se reconozca la competencia del Comité, pero también debemos estar muy pendientes de que esto no se convierta en una mera válvula de escape para el Gobierno Federal, que le quite la presión que las víctimas ejercen con sus reclamos, derivado de la ineficacia institucional, pues en realidad lo importante no es que haya un comité que revise casos, sino que las autoridades que ya existen busquen a las personas desaparecidas y las localicen, así como que se erradique esta abominación y, para eso, lo que se requiere no es buscar responsables fuera del país, sino encontrar soluciones dentro.

Las opiniones vertidas en la sección de Opinión son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente reflejan el punto de vista de Gluc.