Andrés Manuel I, 'El Justo'

Twitter: @CLopezKramsky

Todos lo intuíamos desde hace mucho tiempo, pero hoy es una realidad confirmada: el presidente Andrés Manuel López Obrador exige lealtad ciega de sus colaboradores para permanecer en sus encargos públicos. No hay más requisito que la lealtad ciega al proyecto de transformación que AMLO ideó en su cabeza hace muchos años y que se ha ido modificando con sus ocurrencias diarias. Eso puede explicar el por qué encontramos a Manuel Bartlett, a Irma Eréndira Sandoval, a López-Gatell, a Paco Ignacio Taibo II, y demás servidores públicos acusados de corrupción e ineficiencia, en el gabinete.

Este jueves, en el primer tema de su conferencia de prensa diaria, el presidente López Obrador respondió una pregunta sobre la renuncia de Jaime Cárdenas al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) y, para salir del paso a las acusaciones que lanzó Cárdenas al renunciar al INDEP, el presidente afirmó que sí, en efecto, en la 4T se exige lealtad ciega, incluso por encima de lo que establece la ley, a quienes tienen un encargo como servidores públicos, y trató de justificar dicha lealtad argumentando que si no se hiciera así, entonces no se podría hacer justicia.

Ha hablado Andrés Manuel I, “El Justo”, y su palabra es dadora de vida a los más ineptos, corruptos, ineficientes y poco preparados, miembros del gabinete presidencial. El mensaje es simple, mientras se cumpla con los designios de “El Justo”, la quincena está asegurada. “El Justo” determina, con su dedo flamígero, qué es la justicia y cuándo debe aplicarse por encima de la ley.

Para ejemplificar su punto, “El Justo” sentenció que rifar el avión presidencial para comprar medicinas y equipo médico, es justicia y, para lograrlo, hay que pasar por encima, incluso, de lo que establece la legislación. Precisamente Jaime Cárdenas argumentó en su renuncia que él, con su formación de abogado, insistió durante su encargo que existen procedimientos reglamentados en las leyes que deben respetarse y que eso causó molestia en el círculo del presidente, lo que tuvo como consecuencia que su posición fuera insostenible.

Lo que el presidente y sus allegados están pasando por alto es que, con su actuar ilegal, están cometiendo diversas conductas que pueden constituir responsabilidades civiles, administrativas e incluso penales y que la prescripción en esos casos supera el umbral temporal de este gobierno, es decir, después del año 2024 aún se podrá investigar y sancionar lo que sucedió en estos años.

De este modo, destinar 500 millones de pesos para comprar boletos de la rifa del avión, que tenían que ser utilizados para comprar insumos médicos de manera directa; dejar a miles de pacientes con cáncer sin medicamentos ni insumos para sus quimioterapias; ocultar las cifras reales de contagio y muertes durante la pandemia de covid-19; destinar miles de millones de pesos para el tren Maya, para una refinería que se inunda y un aeropuerto que no solucionará el problema de la saturación en el Valle de México, paralizar la atención a víctimas; entre muchas otras irresponsabilidades, deberán ser debidamente investigadas y sancionadas una vez que la normalidad democrática vuelva a su cauce. Y eso significa que López Obrador podría ser el primer presidente de la época moderna que tiene altas probabilidades de ser enjuiciado y condenado al término de su sexenio.

¿Juicio a expresidentes?

Hablando de expresidentes enjuiciados, este jueves se reveló el proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales, que resuelve la solicitud presentada por el presidente López Obrador, para llevar a cabo una consulta popular que determine si se enjuicia a los expresidentes de la República, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Lo que era previsible se está materializando: la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá que dicha consulta es inconstitucional y, por lo tanto, no autorizará que se lleve a cabo, por lo que devolverá el asunto al Senado de la República para su conclusión. “El Justo” ya declaró que no está de acuerdo con el proyecto, pero la pregunta queda en el aire, ¿en caso de que no se autorice la consulta, el presidente acatará la resolución o propondrá llevar a cabo una consulta alternativa a mano alzada, que le permita hacer campaña de aquí al primer domingo de junio de 2021? ¿Usted qué cree?

Las opiniones vertidas en la sección de Opinión son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente reflejan el punto de vista de Gluc.