Los funcionarios públicos que México necesita

Twitter: @AlfiePingtajo

En el vox populi mexicano suele decirse que Miguel Mejía Barón y Vicente Fox son idénticos: ambos se quedaron con el cambio anhelado (uno en el fútbol y otro en la política). Son suposiciones, sólo Mejía Barón podrá explicar por qué no creyó correcto meter a Hugo Sánchez a la cancha y Fox es el único que podría contarnos contra qué vicios tuvo que luchar y qué tipo de acuerdos tuvo que pactar para más o menos salir avante en su administración.

Estamos acostumbrados a juzgar y opinar sin tener, como vulgarmente se dice: los pelos de la burra en la mano. Y probablemente sea parte de esa competencia inculcada en la escuela y en la casa: si nuestra obligación era llevar una boleta con puros 10; ahora la obligación de un presidente o gobernador es cumplir lo que prometen sin fallo alguno. En alguna parte de nuestra extraña educación no hay cabida para el error; siendo que éste es parte de alcanzar el éxito anhelado. Se equivoca el que está trabajando.

Sin embargo, ¿cómo evaluar o distinguir qué funcionario gubernamental está o no haciendo su trabajo? Es complejo, pero sencillo. Lo primero es entender o saber que existen dos tipos de funcionarios: los que llegan a su puesto por medio de una elección y aquellos que son designados debido a sus conocimientos, capacidades y/o necesidades de la administración en turno.

En el caso del funcionario electo, el ciudadano está obligado a analizar si dicho funcionario está cumpliendo o no sus promesas de campaña, si está mejorando las leyes existentes en beneficio de todos los ciudadanos -sin importar su ideología política, creencia religiosa, etc.-, si está creando nuevas leyes, normas o condiciones que contribuyan a tener un piso sea más equitativo para todos y si está conservando aquellas leyes, normas o reglamentos que venían funcionando adecuadamente; y también muy importante: si se está aumentando el presupuesto en las áreas que lo necesitan, y manteniendo la inyección económica en aquellas donde el presupuesto siempre ha sido alto y poniendo más normas para un mejor uso del dinero público.

Por otro lado, el funcionario designado tiene la obligación de realizar todas las tareas que le son encomendadas y aportar sus ideas para la mejora del área en la que se encuentra, pero siempre tomando en cuenta que cada paso y decisión dada debe ser conforme a norma y ley. Este tipo de funcionario está obligado a señalar y registrar las irregularidades o malos actos que comentan sus jefes inmediatos o el funcionario electo, así como vigilar que éstos se conduzcan conforme a norma y ninguna de sus acciones violenten o atenten los derechos de sus compañeros de trabajo.

Para nadie es secreto, pues es muy obvio que Morena es el partido en el poder, tiene al presidente, la mayoría en el senado y la cámara de diputados, casi todos los gobernadores y presidentes municipales del país. Gobierna con carro completo, como en los viejos tiempos del PRI. Hay personajes que lo están haciendo bien y otros que están actuando mal, casi siempre, por desconocimiento de sus funciones y los límites que éstas tienen. Se vienen tiempos de cambio, dudo que pierda Morena el privilegio de mando y de suceder será por muy poco o nulo porcentaje de diferencia. Sin embargo, sería interesante que con miras a las elecciones del 2024 hicieran un verdadero análisis de sus acciones y decisiones. Algunos funcionarios electos están actuando de buena fe, pero sus funcionarios designados se han encargado de ponerles el pie. Por ejemplo, en Puebla se tuvo un periodo de escándalo durante el corto tiempo que duro Julio Glockner como Secretario de Cultura Estatal, quien salió por la puerta de atrás.

Si Morena y sobre todo AMLO quieren pasarle la estafeta a uno de los suyos en el 2024, deberán entender que necesitan actuar como relojes y con la precisión de un cirujano.

Cada paso dado debe ser siempre dentro de la ley, privilegiando el Estado de Derecho, el respeto a las individualidades y garantizando los derechos humanos, sexuales, sociales y culturales de cada uno de los mexicanos.

Si actúan queriendo imponer su visión, sin importar si están o no violentando algún derecho; sería cometer una especie de suicidio político.

La gente votó por un cambio real y ese cambio sería saber que contamos con funcionarios capaces de actuar conforme a ley y tomando, realmente, en cuenta las necesidades de los ciudadanos. Trabajar con objetivos y beneficios claros y no a través de ocurrencias de ocasión. Legislar en favor de todos los mexicanos.

Y la primera forma de mostrar que sí son el cambio que buscamos, sería ubicar a esos funcionarios que están actuando mal y demandarlos por malos procesos administrativos o por mal trato laboral, según sea el caso. El buen juez por su casa empieza.

Los mexicanos queremos vivir en un país donde se nos permita pensar y opinar distinto sin miedo a ser atacados o discriminados por ello; anhelamos trabajar en un país donde nuestros derechos más básicos sean otorgados y respetados por todos sin distingo de posición económica o política. Queremos vivir en un México donde podamos salir a la calle sin poner en duda nuestro regreso a casa. Deseamos habitar en un país donde nuestras creencias, ideologías o sexualidad no sean motivo para conservar, tener o perder un trabajo.

¿Acaso es mucho pedir?

De nada sirve usar a los protagonistas de la Historia de México como santos patronos, si no se entiende que ellos lucharon por un México laico, libre, democrático, plural, diverso y garante del respeto y amor al otro sin distingo de sus creencias e ideologías.

Poco importa que desde Palacio Nacional se aviente un viva en favor de la fraternidad universal si no se actúa así.

Un hombre libre, universal, fraterno y de buenas costumbres tiene en claro que la imposición, la soberbia, el nulo diálogo y la falta de amor y respeto al prójimo son vicios que debe eliminar si realmente aspira a convertirse en un ser universal.

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