Opinión

La Ley de Amnistía ante el COVID 19

jueves, 27 de agosto de 2020 · 16:08

Twitter: @GNava1980

En varias ocasiones he comentado que las prisiones en México son un lugar para marginar o segregar a las personas que por diversas razones han cometido un delito y olvidarnos por completo de ellas, por lo que el fin de readaptación social sencillamente no se cumple.

Así lo demuestran las grandes problemáticas que hoy enfrenta el sistema penitenciario y que existen desde hace siglos, literalmente. Los estándares Avanzados de Naciones Unidas para el Sistema Penitenciario Mexicano, un proyecto conjunto entre el Gobierno de México y UNODC que inicio en 2017, señala que la seguridad, sobrepoblación, autogobierno, salubridad y el cumplimiento de los derechos humanos son los desafíos que el sistema penitenciario mexicano enfrenta. A ellos hay que agregar la corrupción y el nulo desarrollo de carrera profesional del personal que labora en el sistema penitenciario y los bajísimos salarios.

En este escenario la pandemia provocada por el virus SARS-COV-2 llegó para agravar la problemática de salubridad en las prisiones mexicanos, provocando lo que muchos expertos han llamado “una bomba de tiempo” por las condiciones de hacinamiento que impiden el distanciamiento, los deficientes o nulos servicios de salud al interior de las prisiones por falta de personal e insumos médicos, la mala alimentación, la falta de medidas de higiene básica en las instalaciones, entre otras.

Ante esta “bomba de tiempo, apenas en abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Amnistía, que fue una promesa de campaña desde 2018. El objetivo aparente es desactivar la “bomba de tiempo” impulsando la salida anticipada de internos que cumplen con ciertos requisitos señalados por la misma Ley para solucionar el problema de hacinamiento y disminuir los contagios de COVID 19.

Esta Ley, sin embargo, ha provocado descontento entre la población por la evidente impunidad de la que gozan los criminales, y por el miedo a que las personas que se beneficien de esta “amnistía” salgan directamente a cometer nuevamente delitos y es que entre los delitos que contempla son los de robo y narcomenudeo. Esto deja en evidencia que la sociedad esta convencida de que la readaptación social, simplemente no existe, para la sociedad las prisiones continúan siendo “universidades de la delincuencia”. La realidad es que no se equivocan.

Por otro lado, la Ley de Amnistía, desde mi punto de vista, en si misma es un instrumento innecesario. Es ejemplo del empleo político y de campaña electoral del tema de inseguridad y no de una real voluntad de solucionar las problemáticas del sistema penitenciario. La pandemia fue el detonante de la publicación de esta Ley, no la visión estratégica o la política criminal. El gobierno federal reaccionó en lugar de prevenir.

Me explico: la Ley de Amnistía no es necesaria porque ya existe La Ley Nacional de Ejecución Penal vigente desde 2016 que establece en su título quinto los Beneficios Preliberacionales y Sanciones no Privativas de la Libertad, que en general implican el cumplimiento de la sanción penal fuera de los centros de readaptación social a través de la libertad condicionada, libertad anticipada, sustitución y suspensión temporal de la pena, permisos humanitarios y preliberación.

Los beneficios no se otorgan de manera arbitraria ni por ideologías o creencias políticas, obedecen a todo un proceso que es dirigido por el Juez de Ejecución, la autoridad especializada para resolver todo lo relacionado a la ejecución penal. Los beneficios se otorgan a aquellos internos que cumplen con requisitos específicos sobre su situación jurídica, el delito cometido, la proporción de la pena que ya han cumplido, al cumplimiento del plan de actividades (trabajo, educación, deportes), reparación del daño, haber colaborado con la autoridad judicial, condiciones de salud, situación familiar, etc.

Nuevamente, la Ley de Amnistía es la evidencia de la falta de una política criminal real, de la falta de voluntad política para solucionar la cada vez más grave y abandonada situación del sistema penitenciario mexicano, del olvido de la víctima y de la urgente necesidad del conocimiento científico sobre la prevención terciaria que tiene como objetivo la readaptación social.

El sistema penitenciario es el último y más débil eslabón de la cadena de inseguridad e impunidad que vivimos diariamente en México y su solución depende de dos vertientes:

1. Como sociedad debemos comprender que la segregación y marginación de las personas que han cometido delitos, tirarlos al “bote de basura” y soslayar las violaciones sistemáticas de sus derechos básicos en el interior de las prisiones, no solucionan de ninguna manera la problemática de inseguridad e impunidad.

Es comprensible que sintamos felicidad cuando los delincuentes son ajusticiados por las víctimas, o cuando vemos las deplorables condiciones en las que los internos permanecen en las prisiones, pero lejos de ser la solución a la inseguridad, estas condiciones provocan que, una vez que salgan a la sociedad, por que realmente mas tarde o mas temprano saldrán, tendremos personas sin medios para incorporarse a la sociedad, resentidos, discriminados y nuevamente sin oportunidades para buscar otra forma de vida, provocando la reincidencia criminal.

2. Para que la sociedad pueda incorporar a las personas que egresan del sistema penitenciario y se rompa el circulo de la reincidencia criminal, es necesario que la readaptación social sea una realidad y no una ficción escrita en un marco jurídico o en la creación de nuevas leyes que atienden coyunturas políticas. Esto es responsabilidad de los tres ordenes de gobierno y lo tienen que hacer a través de una política criminal real, del conocimiento científico de las causas y factores de la criminalidad y de la prevención terciaria que tiene como objetivo las acciones para lograr la readaptación social.

Si la Ley de amnistía va a desactivar la “bomba de tiempo” provocada por el COVID19, está por verse. Lo que definitivamente no ocurrirá con esta Ley es la solución de la problemática del sistema penitenciario y probablemente en este sexenio quedará en el abandono como siempre ha ocurrido en nuestro país.

Las opiniones vertidas en la sección de Opinión son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente reflejan el punto de vista de Gluc. 

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