López Obrador y la reivindicación de la política indígena mexicana

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Pasaron más de 80 años sin que un mandatario dialogara o conviviera con la nación yaqui del suroeste de Sonora. Hace más de 80 años que estas comunidades luchan incansablemente por el acceso al derecho humano del agua y al reconocimiento de la tenencia de las tierras legítimamente suyas desde 1790. La histórica visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Vícam, el centro político de las comunidades yaquis, no es poca cosa.

Los Yaquis son una comunidad de ocho pueblos que habitan en las cercanías del río Yaqui, en Sonora. Desde la colonia, el pueblo yaqui ha sido oprimido en busca de su bien más preciado: el agua del río y las tierras de sus comunidades. Heroica y sorpresivamente, la nación yaqui ha defendido sus propiedades con uñas y dientes: ni las armas de los conquistadores, ni el genocidio del porfirismo pudo nunca silenciar sus reclamos.

En su reciente visita, el Gobierno de México anunció una disculpa a los yaquis por las atrocidades cometidas anteriormente. Asimismo, propuso la integración de una Comisión de Justicia para dar seguimiento y garantizar las demandas de una de las comunidades indígenas más golpeadas en la historia de nuestro país; la intención es buena, sin duda, pero, no perdamos de vista que también los tarahumaras, los wixarikas, los tseltales y los tsotsiles siguen siendo duramente golpeados, simplemente, recordemos la matanza de Acteal que se mantiene impune y que actualmente los Ayuuk continúan sin agua.

El agua y la tierra tienen un papel determinante en la cosmogonía yaqui, quienes dividen el mundo entre el espacio de los hombres y el de la naturaleza (en el cual incluyen a los montes, los animales y las aguas). Sin embargo, el espacio entre ambos no es visto como una confrontación o una fuente de dominación del hombre sobre la naturaleza como lo construye nuestra civilización; para ellos, es una fuente mística de coexistencia y armonía.

El choque de filosofías y el deseo de arrebatar las tierras y el agua sagrada de los yaquis propiciaron una persecución, represión y el exterminio de este pueblo para apropiarse de su territorio. De acuerdo al doctor en historia por la UAM Nicolás Cárdenas García (2017), en 1840 la población yaqui ascendía a 50,000 habitantes, para comienzos de 1900 quedaban solamente 30,000, los años siguientes no fueron mejores. La dictadura de Porfirio

Díaz los hizo esclavos en las plantas henequeras de Yucatán, con lo cual su población se redujo a 15,000.

Posteriormente, la Revolución les prometió justicia, pero les pagó con meras esperanzas. En 1937, el pueblo yaqui celebró que el presidente Lázaro Cárdenas reconociera la posesión legítima de 400 mil tierras a los yaquis y otorgara un 50% del aprovechamiento del río que lleva este mismo nombre. Este pueblo le guarda cariño y reconocimiento al expresidente, pues fue la primera vez que un mandatario se acercó a ellos para dialogar en una posición igualitaria frente al resto de los ciudadanos, misma que no existía anteriormente.

No obstante, a la salida de este presidente, se construyó una presa que bloqueó el acceso al agua y, nuevamente, el sueño de justicia se enmudeció entre las sombras de la indiferencia por ocho largas décadas. La visita del Presidente de la República el pasado jueves es una reivindicación de las políticas indígenas como sujetos de derecho, es una vuelta de hoja a la política cardenista.

En un acto solemne de humildad y reconocimiento entre pares, el Gobierno de López Obrador ofreció disculpas y prometió justicia histórica a los yaquis por los crímenes cometidos en gestiones anteriores. El mandatario afirmó que esta acción abre el sendero del derecho a muchos otros pueblos indígenas que sufrieron represión y marginación en tiempos pasados, a aquellos que por décadas les hicieron creer que ni siquiera merecían diálogo entre ellos. Y, sí, en efecto, ignorarlas era una forma más de discriminarlas.

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