¿Y la ciberdelincuencia en México?

Desliz
Twitter: @GildoGarzaMx

Imagine usted, mi querido y caro lector, que ayer le llegó un cargo a su tarjeta de crédito, sobre unos boletos de avión que compró para ir a Cancún, u otro destino de la República Mexicana o fuera del país, esto a pesar de que existe una pandemia que azota a todo el mundo.

No pudo acreditar que no fue usted ante la agencia de viajes y tendrá que pagar ese dinero ya que el cargo lo emitió usted (supuestamente) vía telefónica.

En otro caso, hoy, que decidió consultar la aplicación de la Ciudad de México para diagnosticar sus síntomas para el COVID, minutos después perdió toda su información de redes sociales, números telefónicos y las aplicaciones de su banco, rappi o uber eats, le pidieron reinstalar de nuevo ¿le pasó?

O simplemente vía Facebook le mandaron un anónimo de una cuenta falsa, exigiendo 20 mil pesos por 10 fotos que guardaba usted en su celular y sin material sensible, ya que así fue su afinidad y derecho para tomarse una foto privada.

¿Qué pasa al acudir a denunciar estas situaciones?

La respuesta más sencilla a los tres casos de parte de las fiscalías, es que usted fue un descuidado y que no tenía porqué tener fotografías en su celular o computadora.

En el caso del cargo a las tarjetas, que denuncie al banco y que en el caso de su celular y el espionaje usted está loco.

Sin que la academia y los “expertos” se metan en temas que desconocen.

La responsabilidad innegable es del Estado Mexicano, ya que no existe una legislación real para delitos de índole cibernética que van desde un simple robo de identidad, hasta extorsiones, amenazas y atentados más graves y que debido al vacío legal existente en México, las bandas del crimen organizado aprovechan para estas violaciones sistemáticas.

Platicando con Craig Jones, Director de Cibercrimen de la INTERPOL, señaló que de los 194 países que son miembros de la INTERPOL, México es el único que tiene un gran vacío en la legislación contra el cibercrimen, lo que fortalece la delincuencia y la impunidad en los procesos.

México es uno de los primeros lugares en cripto delitos, phishing y hacking, así como en robo de datos e información personal, sin embargo y a pesar de existir unidades e investigación en delitos cibernéticos, no tienen las herramientas necesarias, ni los parámetros de investigación para poder realizar una correcta cadena de custodia de evidencias digitales, para poder dar con las bandas de criminales dedicadas a ciberdelitos en el país. Y solo gastan recursos en cuestiones limitadas y empantanan los procesos de investigación provocando que las víctimas se fastidien y desistan.

Craig Jones, destaca que México siendo un país en progreso, diariamente registra más de 130 mil ataques diversos, en una guerra que no es perceptible y mucho menos atendida, donde los hackers realizan intromisiones directas para el robo de información, dinero y otras cuestiones de sabotaje y ciberterrorismo.

Sonicwall Security Center, da una cifra del 1% en cripto hacking desde México, así como un 5% de phishing. Esto referentemente pone a México como primer lugar en hacking de bases de datos a páginas web de información en diferentes rubros, por la negativa y el desconocimiento a la legislación de ciberdelitos.

La INTERPOL señala que se debe tener un panel de expertos en legislación, así como de las organizaciones civiles con conocimiento del tema para que en México se procure la prevención local con el conocimiento de estos delitos, basándose en los 3 pilares principales con los que manejan el programa de ciberseguridad, respuesta a amenazas, operaciones y desarrollo de capacidades y coordinación de operatividad regional.

Escuchando a María Elvira Tejada de la Fuente, Fiscal de Sala en la Unidad de Criminalidad Informática del Ministerio Fiscal de España (una institución autónoma y con 150 agentes trabajando en España) consigna que México debe dar este gran paso para poder tener una legislación real sobre materia de seguridad cibernética, ya que los delincuentes aprovechan que no se puede ejercer la acción represora del estado en el tema de justicia sin existir denuncia y tratamiento ante los hechos criminales.

Por lo que sin dudarlo se da un efecto perverso para ir a ciegas, si no sabe que está ocurriendo en el ciberespacio, por ello los legisladores no toman en cuenta estas situaciones. Por ello debe existir una armonización normativa de los delitos en la red.

El área de especialización en criminalidad informática surge como una necesidad constatada en la práctica habitual de las Fiscalías, tras el progresivo aumento en el número de investigaciones criminales vinculadas a la utilización de las nuevas tecnologías y más específicamente de internet.

Tejada de la Fuente, contextualiza sobre la modificación llevada a cabo en el Código Penal -por Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio-, donde se tipifica específicamente determinadas conductas relacionadas con esta materia, y a escala internacional, el Convenio de Cibercriminalidad del Consejo de Europa, ratificado por España el año 2010, constituye un hito en la lucha coordinada y eficaz contra este tipo de conductas. Este documento ha sido suscrito incluso por países no comunitarios como Canadá, EEUU, Japón, Canadá y Sudáfrica.

Si existiera un protocolo de investigación y de procesamiento legal por estos delitos, la fiscalía general de la república y las demás fiscalías estatales tendrían un protocolo homologado de actuación ante los principales ciberdelitos, sin que exista un dispendio de recursos tratando de configurar delitos que no entienden o que ni siquiera el código de procedimientos penales en México lo tiene como existente.

Es hora de que los diputados (no los de Morena), si no de las demás bancadas echen un ojo a este pendiente o que los estados comiencen a legislar en el tema; podrían empezar por los que se tiene un alto número de registros como la Ciudad de México, Sinaloa, Tamaulipas, Quintana Roo, Nuevo León y Baja California, Chihuahua, Sonora y Veracruz.

Colofón

Volviendo a la política chicharronera(...)

Qué mal se vio Gerardo Peña Flores, Presidente de los diputados del AN en Tamaulipas, llegando a la contingencia por el huracán Hanna a Reynosa, en un camión lleno de fotógrafos y reporteros.

Mentalidad baja y de lucro que tiene el Diputado perdedor Peña Flores, si tanto quería andar en el agua, se hubiese quedado en su laguna privada en la capital tamaulipeca en la mansión de 6 millones de pesos, comprada a Jose Luis "Cotaco" Loperena, la cual adquirió a 3 meses de ser el titular de la Secretaría de Bienestar Social, así lo demuestran los papeles de la compraventa del fraccionamiento frente a la ULSA Victoria. ¿Quién pompo?

Para cerrar...

López se ha negado a ir a Tamaulipas y a Nuevo León a pesar de ser zona de desastre. Pretende castigar al pueblo por la insubordinación de sus gobernadores y ¿dónde quedó el FONDEN?

A chambear.

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