Twitter: @DianaSanchezBar
Estamos a una semana de cumplir 5 meses desde que se dio el primer caso de Covid-19 en nuestro país el último día de febrero y casi 4 meses en parálisis económica.
Desde aquellos días y mucho tiempo después, se dieron mensajes confusos y francamente opuestos por parte del gobierno federal y de los gobiernos de las entidades federativas. A pesar de haber visto lo que estaba ocurriendo en otras partes del mundo, nuestras autoridades fueron poco previsoras del alto impacto que tendría, no solo en términos de salud pública, sino en el profundo golpe económico que significaría para nuestra población, en particular, para los más vulnerables.
Como sabemos el peso de una crisis y de las buenas o malas decisiones del gobierno, siempre cae en las mismas personas: la gente más pobre. La que es olvidada sistemáticamente por autoridades indolentes.
Así, dentro de las atropelladas medidas que se fueron implementando de manera confusa, se obligó al resguardo domiciliario como la única alternativa efectiva de mitigación de los contagios.
Sin embargo, no advirtieron que está parálisis en la movilidad de nuestras ciudades afectaría en mayor medida a aquellos núcleos poblacionales cuya actividad económica depende, precisamente, del desplazamiento de la gente. No sólo hablamos del transporte privado o concesionado de pasajeros, sino del comercio, tanto en su vertiente formal como en los espacios públicos.
Con el paso de las semanas y ante la desesperación de muchas familias de todos los estratos, las autoridades, solo tuvieron a bien, aumentar raquíticamente los programas sociales ya existentes.
Así fue cómo se ignoró un importante número de habitantes que viven en la informalidad por la falta de regulación que sigue en el congelador y que, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), a finales de 2019 eran 2 millones 100 mil personas las que laboran en esta modalidad en la Ciudad de México. Datos, por cierto, que la propia Jefa de Gobierno citó en su Plan Gradual Hacia la Nueva normalidad, presentado a finales de mayo, pero que a pesar de ello, no se contemplaron en las acciones durante esta nueva etapa de la contingencia.
Es por ello que durante las últimas semanas y habiendo transitado al “semáforo naranja”, en el que se supone existe ya una reducción en la incidencia de nuevos casos como en la ocupación hospitalaria, varias organizaciones nos hemos dado a la tarea de acercarnos con el Gobierno central de la Ciudad, a fin de solicitar apoyo para el retorno a las actividades económicas en el espacio público. Las familias se mueren de hambre y siguen sin escucharnos.
Desde luego, la fortaleza y dignidad que caracteriza al comerciante en vía pública, no permitirían que un jefe o jefa de familia viera a sus hijos con hambre, o viera a sus ancianos enfermos y se cruzara de brazos. Por eso es que si las alternativas no se dan desde las oficinas de gobierno, nos ponemos a construirlas para plantearlas en la mesa de las autoridades capitalinas para que verificarán la idoneidad y seguridad de sus acciones.
Así, es como, en el caso de las y los representantes del comercio popular, diseñamos una serie de lineamientos para el regreso seguro a las actividades en vía pública. El comercio no se ejercería simplemente con un ánimo de lucro, sino para garantizar la supervivencia de este importante y nutrido sector en la capital.
Con un análisis profundo de las medidas sanitarias adoptadas a nivel federal, así como a las mejores prácticas a nivel local y recuperando las sugerencias de la Organización Mundial de la salud, propusieron 11 puntos, que se pueden leer como 11 compromisos de las y los comerciantes, para garantizar la salud y la vida de su propia comunidad, pero sobre todo de sus clientes, de los paseantes y de los peatones ocasionales y, en su momento, de las y los turistas.
En otras palabras se dieron reglas más estrictas de las que establecen las autoridades internacionales federales y locales para poder trabajar. Para poder garantizar que sus hijos e hijas y sus adultos mayores, sobre todo aquellos con comorbilidades, tuvieran la posibilidad de subsistir.
Por eso a través de estas líneas reiteró el llamado respetuoso que hicimos en días pasados al Gobierno federal y al Gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum para recibirnos, escucharnos y juntos acordar los mecanismos para apoyar a los trabajadores no asalariados, no con dádivas, no con programas sociales, sino al menos con reglas claras para reactivar la economía de la Capital.
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