Comisión de Venecia: vigencia y futuro

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En fechas recientes cumplió tres décadas de acompañar a los Estados miembros en la preparación de reformas constitucionales y legislativas, incluso en la construcción de proyectos de Constitución. La Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho -mejor conocida como la Comisión de Venecia- fue creada en 1990, cuando los vientos de la democracia comenzaban a soplar en países de la Europa central y oriental. El Muro de Berlín había caído y el entonces Consejo de Europa (CoE) concibió una nueva y gran demanda de democracia que fuese garantizada por los principios del derecho en un espacio político común. Fue el italiano Antonio La Pergola, en aquel momento Ministro para las Relaciones con la Comunidad Europea, quien tuvo la visión de concebirlo. El prestigiado constitucionalista intuyó un organismo del que no emanarán condenas ni se formularan tratados, sino más bien un foro de expertos independientes en el que se debatieran ideas y emanarán propuestas para asesorar y asistir en materia constitucional a los Estados que lo requirieran.

Este órgano consultivo cuenta con 62 Estados miembros así como por 4 países observadores, 1 asociado y 2 de cooperación, representados por reconocidos académicos en el ámbito del derecho y la ciencia política así como por ministros, magistrados y legisladores, los cuales no deciden a nombre los Estados o instituciones; su misión es a título personal.

México es miembro de pleno derecho desde 2010. Se consideró que su incorporación permitiría impulsar el reconocimiento internacional sobre los avances de la democracia así como emitir opiniones y compartir experiencias en materias tales como derechos políticos de las minorías, financiamiento de campañas y democracia directa entre otros. La participación nuestro país ha sido muy activa y ha destacado por sus aportaciones en las diversas reuniones de las subcomisiones especializadas, como la de Derechos Fundamentales, Instituciones Democráticas o la de América Latina.

Fue en 2017 cuando México formó parte del grupo de especialistas en materia constitucional –junto con Francia, España, Finlandia, Estados Unidos y Corea del Sur- para analizar exhaustivamente la figura de la reelección y los límites necesarios para evitar una perpetuación en el poder. El informe fue solicitado por la Organización de Estados Americanos (OEA) en el contexto de la prolongación del mandato presidencial en Bolivia, con el argumento de que el derecho a la reelección representaba un derecho humano. La opinión experta fue enfática en advertir que la reelección no es un derecho humano en sí y que la decisión de alterar o remover los límites a los mandatos presidenciales debe estar sujeta al escrutinio público. El reporte de la Comisión de Venecia -con plena validez jurídica- concluía señalando que nadie puede argumentar tener derecho a postularse después de un mandato si la Constitución establece lo contrario, como ocurría en el caso boliviano.

Hace unos días este órgano consultivo y la OEA firmaron un acuerdo de cooperación para fortalecer la democracia y la protección de los derechos humanos en las Américas. Esta alianza permitirá contar con herramientas para una sólida cooperación ante las amenazas crecientes a la separación de poderes, a las instituciones autónomas y a la democracia representativa en países de la región.

Es relevante destacar que en el ámbito electoral, la Comisión de Venecia ha realizado valiosas y útiles aportaciones, como el Código de buenas prácticas en asuntos electorales, el cual es un instrumento que ha orientado y aleccionado en la planeación y organización de procesos democráticos en el mundo. En éste se exhorta en que “la ley electoral debe garantizar igualdad a las personas que pertenecen a minorías nacionales, a las que se les debe permitir establecer partidos políticos y evidentemente votar y ser votados”. Este precepto nos obliga a evocar la figura del diputado migrante en la Ciudad de México. Un asunto pendiente que tendrá que ser resuelto en breve por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que debe garantizarse una mínima representación a la comunidad binacional.

Norberto Bobbio señalaba que uno de los principales obstáculos de la democracia representativa es el tamaño y complejidad propios de las sociedades modernas. Ante la fragilidad de la democracia a escala global, el acecho permanente al Estado de derecho y el peligro de retrocesos autoritarios, la Comisión de Venecia representa una luz en la oscuridad. A treinta años de su fundación, su vigencia es plena y su futuro imprescindible.

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