Opinión

Registro y búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas

jueves, 16 de julio de 2020 · 16:54

Twitter: @CLopezKramsky

Cuando hablamos de desaparición de personas nos enfrentamos a dos grandes y dolorosos espacios de opacidad: el primero es el de las familias que no saben dónde está su ser querido y el segundo es el que crea la autoridad al no contar con mecanismos transparentes sobre su actuación. Durante muchos años, la exigencia de las víctimas indirectas de desaparición fue contar con leyes e instituciones especializadas en la búsqueda de estas personas, pero, especialmente, para tener mecanismos de coordinación institucional que coadyuvaran a realizar lo que las familias ya hacían, buscar. Contar con un aparato burocrático en esta materia solo tiene sentido si dicha estructura mejora lo que las familias hacen al buscar y localizar personas con vida; al ubicar fosas clandestinas y exhumar los cuerpos e identificarlos, así como al crear las condiciones para analizar y diagnosticar la realidad.

Desgraciadamente, en México, desde el año 2015, todo indica que hemos avanzado en la parte que, quizá, menos importa: se logró una reforma constitucional para crear concurrencia de facultades en la materia; se expidió una ley general que establece el piso normativo que debe prevalecer en todo el país; se creó la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNB) y se crearon diversas comisiones estatales con el mismo fin.

En lo que hemos avanzado poco y que sigue siendo demanda de las víctimas, es en las cosas más importantes, es decir, en saber cuántas personas están en realidad desaparecidas; en qué entidades federativas y municipios y bajo qué circunstancias se está dando una mayor cantidad de desapariciones; en apoyar con mayores recursos a las familias que realizan búsquedas y, fundamentalmente, en encontrar a quienes desaparecieron y en evitar que haya nuevas víctimas de este flagelo.

Esta semana, la CNB y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) presentaron el informe “Búsqueda, Identificación y Registro de Personas Desaparecidas” con corte al 13 de julio de 2020, que está disponible en el sitio web del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la SEGOB, Alejandro Encinas; además, presentaron el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que, teóricamente debería constituir una base de datos que permitiera conocer cuántas personas desaparecidas hay y en dónde desaparecieron, cuántas localizadas –con vida y sin vida-, además de otras circunstancias e indicadores, que sean útiles para erradicar esta terrible circunstancia.

De la presentación se desprende que, desde 1964 y hasta el 13 de julio de este año, hay 73,201 personas desaparecidas y no localizadas y 6,401 personas localizadas sin vida. Destaca que, desde 1 de diciembre de 2018, es decir, en este sexenio, hay 27,871 personas desaparecidas y no localizadas, así como 2,352 personas localizadas sin vida.

Estas cifras nos dan cuenta de que el drama de la desaparición, no solo no ha disminuido, sino que sigue siendo un flagelo en todo el país y que incluso ha empeorado: de acuerdo con el Registro de la CNB, en 55 años (1964-2019) desapareció el 61.93% de las personas que hoy no están con sus familias y, escandalosamente, ¡el 38.07% desapareció en el brevísimo plazo de este último año y medio! Si esto no es un agravamiento de la tragedia humanitaria que estamos viviendo, entonces, algo está muy mal en la óptica de la SEGOB, de la CNB y de las demás autoridades involucradas en esta problemática.

De acuerdo con las cifras publicadas, en 10 entidades federativas se concentra, nada más y nada menos, que el 78.07% (16,708), de las personas desaparecidas y no localizadas en esta administración federal a cargo de Andrés Manuel López Obrador. Estas entidades son Estado de México (3,867); Jalisco (3,234), Tamaulipas (2,119); Veracruz (2,075); Sinaloa (1,165); Ciudad de México (1,100); Nuevo León (1,069); Michoacán (868); Puebla (628) y Chihuahua (583). ¿Qué se está haciendo de manera focalizada para combatir este fenómeno? El Registro no da para tanto.

Registrar víctimas sin cambiar la realidad

Hay que admitir que es loable que la CNB cuente con un mecanismo electrónico que permite registrar, incluso de manera anónima, a las personas desaparecidas, pero también hay que criticar que la base de datos no está disponible al público y sin ella es imposible que colectivos, víctimas, organizaciones de la sociedad civil, expertos y académicos, puedan llevar a cabo estudios que nos arrojen un poco de luz sobre lo que esas cifras reflejan. Hoy tenemos que conformarnos con las cifras reveladas por la CNB y la SEGOB, porque no tenemos forma de corroborarlo. El panorama sigue siendo muy desalentador en esta materia.

 

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