Opinión

La necesidad de auditorías en tiempo real

jueves, 4 de junio de 2020 · 11:13

Twitter: @Gloriaromeropan

El Presidente de la República ha señalado como eje de su gobierno una política frontal de combate a la corrupción. El discurso de tanto repetirlo parece querer convencer a los mexicanos que, por fin, se acabó la corrupción, como si de un decreto se tratara. 

Lamentablemente la realidad es otra, según datos del INEGI, el número de casos de corrupción aumentó 7.49 % en 2019. Los datos revelan que la corrupción se ha agravado, entre otras cosas, por la práctica de evadir la licitación pública en las compras gubernamentales. 

Desde antes de la crisis sanitaria, la adjudicación directa ha sido  la forma favorita de contratación del actual gobierno, utilizándose más que en sexenios anteriores: casi el 82% de los contratos han sido asignados por esta vía.

La crisis generada por el COVID19 ha justificado al gobierno comprar  miles de insumos y materiales bajo la figura de la adjudicación directa, que si bien está permitido por la Ley de Adquisiciones, algunas se han realizado con altos sobreprecios  y bajo claros conflictos de interés, por ejemplo, los 6 contratos por 130 millones de pesos otorgados al hijo del titular de la CFE, León Manuel Bartlett, de parte del IMSS, la Secretaría de Marina, ISSSTE, entre otros. Esto sin contar la fallida compra de 20 ventiladores por parte del IMSS Hidalgo, que al final fue rescindido por no cumplir con los requerimientos funcionales y por el escándalo mediático.

El abuso que se ha hecho de las adjudicaciones directas en las compras gubernamentales abren la puerta a la discrecionalidad y a la corrupción. Actualmente la Auditoria Superior de la Federación no tiene la facultad de realizar auditorías en tiempo real si no es por denuncias debidamente sustentadas con documentos y evidencias. Es decir, se le deja al ciudadano la carga de la prueba,  por lo que las denuncias difícilmente prosperan.

La fiscalización de los recursos públicos se realiza con un desfase de 1 a 2 años, a eso hay que agregarle  que para que la ASF integre un expediente de denuncia ante la FGR se puede llevar 2 años más entre los procesos de aclaración y solventación de los entes auditados.

Es indispensable que se pueda verificar cómo se está gastando el presupuesto de manera inmediata, atender de manera expedita las irregularidades o el mal uso de los recursos públicos, y que de comprobarse, se ejerza la acción correspondiente cuando la autoridad responsable todavía esté en funciones y pueda ser sujeto de una sanción ejemplar para disminuir la impunidad que tanto lacera a nuestro país.  Por eso, como diputados federales estamos trabajando en una iniciativa de reforma constitucional que faculte a la Auditoría Superior de la Federación a realizar auditorías en tiempo real.