¡Sin las víctimas, no!

Twitter: @CLopezKramsky

La crónica de una renuncia anunciada llegó a su fin: Mara Gómez Pérez renunció a la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), y se va dejando a la institución en la crisis más profunda en su breve historia. La ahora ex comisionada deja la CEAV con sus oficinas centrales tomadas desde el 17 de febrero por un grupo de víctimas; con un plantón permanente de madres de personas desaparecidas en el Zócalo, frente al Palacio Nacional y con plantones temporales ante la Secretaría de Gobernación (SEGOB), allá por el rumbo de Bucareli.

En la parte institucional, la CEAV está prácticamente paralizada y enfrenta una serie interminable de sentencias incumplidas en juicios de amparo promovidos por las víctimas que debería defender y apoyar. En los seis meses que estuvo al frente, la hoy ex titular prometió un nuevo modelo de atención a víctimas que se quedó en eso, en palabras que repetía constantemente sin concretar absolutamente nada. Prometió también una reingeniería de la institución, pero no logró reformar ni siquiera su Estatuto Orgánico. Sin temor a equivocarme, hoy la CEAV está mucho peor que antes de diciembre del año pasado.

Pero es momento de ver hacia el futuro y de poner los pies sobre la tierra: la CEAV está en crisis, pero también es una oportunidad para recomponer mucho de lo que no funciona. La Ley General de Víctimas establece que, a falta de titular en la CEAV, el Ejecutivo Federal deberá llevar a cabo una consulta con las víctimas y los colectivos de víctimas, con la finalidad de integrar una terna que debe ser enviada al Senado de la República para que éste elija al siguiente titular. Aquí es donde las cosas deben empezar a hacerse de manera diferente.

Tengo la esperanza de que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la SEGOB, Alejandro Encinas, por fin haya entendido los tres puntos siguientes: i) que es imposible operar a la CEAV si el titular no tiene el respaldo de las víctimas y de los colectivos de víctimas; ii) que esa institución no se creó para rendirle pleitesía al Gobierno Federal y iii) que si bien no debe centrarse todo en la cuestión monetaria, es decir la compensación económica a las víctimas, la Ley General de Víctimas sí establece como derechos el acceso a la reparación integral –con su componente de compensación económica- y el acceso a medidas de ayuda y asistencia, que requieren –ambas-, presupuesto para poder concretarse.

Tratar de trabajar desde la CEAV sin estos tres requisitos es imposible, por ello, en este momento en que la SEGOB debe iniciar la planeación para emitir la convocatoria a la consulta que establece la ley, es fundamental, subsecretario Encinas, que, por primera vez, diseñen un mecanismo de consulta que permita que la terna surja de las propuestas de las propias víctimas. Los últimos dos titulares de la CEAV han sido impuestos por razones políticas, a pesar de la oposición clara de las víctimas y ambos terminaron renunciando antes de concluir su periodo de cinco años y dejando una crisis detrás. Si insiste en ese modelo, casi puedo asegurarle que en medio año otra vez habrá plantones y manifestaciones por doquier. Abra la discusión y la propuesta a las víctimas; ellas son quienes tienen el mayor interés en que la CEAV funcione de una vez por todas.

En ese sentido, quítese el miedo a tener un comisionado que no esté esperando su llamada para brincar de la silla y ejecutar sus instrucciones; la CEAV no se creó para ser comparsa de la Subsecretaría de Gobernación, sino para atender a las víctimas, garantizar sus derechos y, si es necesario, hasta ir en contra de las propias instituciones federales, -por la vía legal, por supuesto-, para asegurar que se cumpla lo establecido en la Ley General de Víctimas. La CEAV no es patrimonio del Gobierno Federal, sino una institución construida para aquellas personas que han sufrido la tragedia de la inseguridad pública y de las violaciones a derechos humanos.

Finalmente, olvide también esta tendencia a considerar que los recursos del Fondo deben mantenerse ahí guardados lo más posible y de negar el acceso a los derechos relacionados con dicho Fondo de manera sistemática. Mara Gómez usaba de pretexto, para paralizar todo, que el Fondo se iba a terminar; yo le pregunto ¿y qué si se termina?, pues la ley establece que la CEAV deberá solicitar más presupuesto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; lo único que tienen que hacer es cumplir la ley. Se puede argumentar que estamos en crisis económica; sí, en efecto, pero las víctimas no tienen la culpa de que el presidente López Obrador esté derrochando dinero en proyectos faraónicos sin sentido ni beneficio y tampoco tienen porque sacrificar sus derechos para financiar refinerías o trenes que destruyen manglares y selvas.