Opinión

Los tumbos de la 4T

jueves, 11 de junio de 2020 · 17:29

Twitter: @CLopezKramsky

Crisis en la CEAV

La autodenominada 4T sigue dando tumbos; en esta semana, tres temas dieron de qué hablar: por un lado, la crisis en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) sigue su curso y, hasta el momento, la incapacidad de este gobierno para comunicar correctamente las decisiones sigue haciendo mella. En las oficinas centrales de la CEAV permanece un plantón que está ahí desde febrero, aproximadamente, al cual se le sumó uno frente a Palacio Nacional, conformado por madres de víctimas de desaparición, que exigen al presidente Andrés Manuel López Obrador, no recortar recursos para atención a víctimas y la destitución de Mara Gómez Pérez, titular de la CEAV.

Al tocarle el tema en su conferencia “mañanera”, el presidente López Obrador, en dos ocasiones, ha intentado transmitir que la crisis que vive la CEAV es falsa y que es una protesta de quienes estaban acostumbrados, en lo que él llama periodo neoliberal, a los privilegios. Se olvida el presidente López Obrador que Mara Gómez Pérez fue propuesta por él mismo al Senado de la República y que tuvo el apoyo decidido del grupo parlamentario de su partido, MORENA, a pesar de que senadores como Emilio Álvarez de Icaza la exhibieron en su comparecencia, demostrando que, como candidata a titular de la CEAV, la hoy comisionada no sabía ni el nombre correcto de la Ley General de Víctimas. ¡No, presidente!, el desastre de la CEAV no proviene de un neoliberal enquistado, proviene de una propuesta suya que, valga decirlo, no tenía la experiencia, ni los conocimientos, ni la planeación y mucho menos la empatía que requiere el puesto. Es hora de hacerse responsable de sus decisiones y de asumir sus errores; usted la propuso y su partido la nombró: usted resuelva.

Consulta indígena

En segundo término, resalta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó un proyecto de resolución a cargo del ministro José Fernando Franco González Salas, relativo al derecho de consulta libre, previa e informada de los pueblos y comunidades indígenas, amparando y protegiendo a los quejosos en contra de la omisión del Congreso de la Unión de emitir una ley que regule el derecho de consulta, lo que constituye una violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas y, por ello, ordenó que el Poder Legislativo Federal expida la ley antes de que termine el siguiente Periodo Ordinario de Sesiones.

Esto es un duro golpe a los mega proyectos del presidente López Obrador que ha intentado, de manera sistemática desde que llegó al poder, evadir el cumplimiento de este derecho. Para este gobierno, el derecho de consulta a los pueblos y comunidades indígenas es muy incómodo, pues tanto en el aeropuerto de Santa Lucía como en el Tren Maya ha recibido suspensiones provisionales en diversos juicios de Amparo. El caso extremo del aeropuerto ilustra muy bien la problemática: ante las suspensiones otorgadas por los jueces de Distrito, el presidente optó por clasificar como cuestión de seguridad nacional todo lo relativo a instalaciones y obras realizadas por las Fuerzas Armadas, con lo que logró que los jueces revocaran las suspensiones y se pudiera continuar con las obras. Al presidente López Obrador le molesta tener que consultar a los pueblos y comunidades indígenas en procesos de diálogo intercultural y, por ello, una ley de consulta va a ser una piedra en su zapato. ¡Bienvenida sea para asegurar estos derechos!

IFT, COFECE y CRE

En otra más de la 4T, el senador Ricardo Monreal, coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA, propuso desaparecer el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia (COFECE) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), para crear el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (INMECOB). La propuesta se motiva en el ahorro presupuestal –que es ínfimo-, pero esconde que, de aprobarse, se dará un golpe mortal a los órganos reguladores, pues centralizaría todas las decisiones en un solo órgano que, además, estaría bajo control material del presidente, pues sería él quien nombraría a los consejeros, a propuesta del Senado. Además, se eliminarían los exámenes de capacidades y conocimientos para ser consejero, lo que permitiría que las propuestas sin perfil ni capacidad que acostumbra López Obrador –véase lo que ha pasado en la CEAV- lleguen a estos cargos.